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ARGENTINA/ PANDEMIA DEL CORONAVIRUS/ DÍA DEL TRABAJADOR/ De acuerdo con un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd), sólo el 35 por ciento de los trabajadores activos del país tienen capacidad de mantener total o parcialmente su actividad o sus ingresos durante la pandemia.
La pandemia de coronavirus dejó al desnudo la precarización laboral, un problema presente desde hace décadas en el país y en buena parte del mundo, que interpela a la sociedades e impone el desafío urgente a los Estados de resolver las desigualdades en las relaciones laborales, profundizadas en tiempos de Covid-19.
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En Argentina, ubicada entre los países que más rápido reaccionó a los efectos económicos y del empleo provocados por la crisis sanitaria, según la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo el 35 por ciento de sus trabajadores activos tienen capacidad de mantener total o parcialmente su actividad o sus ingresos durante la pandemia, de acuerdo con un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd).
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Es que la irrupción del coronavirus cercó con más dureza a los trabajadores precarizados o del sector de la economía informal, que necesitan -y no pueden- salir a buscar su actividad o sus changas, conseguir el sustento diario y satisfacer las necesidades básicas de sus familias, en un contexto de hacinamiento habitacional y falta de condiciones de cuidado e higiene, que los expone brutalmente al riesgo de contagio.
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Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, atravesado por el Covid-19 visibiliza, tal vez como nunca antes, esa enorme rueda de la economía informal que subsiste en forma periférica al sistema y que contiene a empleadas domésticas, repartidores de delivery, cuentapropistas y el eslabón más débil de los monotributistas, en un contexto de fragilidad económica, despidos, suspensiones y bajas salariales que perjudicaron a 309.672 trabajadores, según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Como muestra de ese escenario, la semana pasada repartidores y repartidoras de apps como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats y Deliveroo realizaron un paro internacional de 24 horas en Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y España, bajo la consigna «Yo no reparto».
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Declarado como uno de los servicios esenciales en el marco de la pandemia por su función de distribuir alimentos, los trabajadores de delivery reclamaron aumento salarial y que las empresas les provean elementos de higiene, de seguridad y el cese de la precariedad laboral: es decir, ser reconocidos como trabajadores en relación de dependencia, con todos los derechos, entre ellos cobertura social.
«La pandemia puso de manifiesto e incluso profundiza cada día más las condiciones de super explotación y precarización laboral de los trabajadores de reparto en todo el mundo», dijeron representantes del sector.
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Alertaron además que «en todo el mundo» las empresas utilizaron «el mismo método: dejar librada a su suerte a todos los riders» y tampoco les entregaron elementos de seguridad e higiene, en jornadas de trabajo que rondan entre las 8 y las 12 horas, con sueldos congelados que promedian entre $50 y $100 por entrega.
Entre otras medidas, el gobierno lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por 10.000 pesos para personal informal y monotributista de las categorías A y B, fijó el pago de un bono de 5.000 pesos entre abril y julio para los empleados de la salud de todo el país, suspendió los desalojos, dispuso el congelamiento tarifario, la refinanciación de los pagos de las tarjetas de crédito, impulsó créditos para empresas con tasa preferencial, postergó el pago de contribuciones patronales y asistió a las firmas de hasta 100 trabajadores con dos salarios mínimos.
Protección social, preservación del empleo, promover trabajo decente y sostener el entramado productivo aparecen como los principales desafíos para el gobierno, a cinco meses de haber asumido y de haber heredado enormes compromisos de deuda con acreedores externos.
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Mensajeros, empleadas domésticas, costureras, cuidadoras, jardineros, albañiles, feriantes y revendedores son algunos ejemplos de trabajadores que llegan con mayor incertidumbre a la celebración de este año del Día del Trabajo.
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Días atrás, un informe de la OIT alertó que el empleo doméstico es «uno de los sectores más vulnerables ante la grave crisis provocada por el coronavirus» y detalló que 1,4 millones de esas trabajadoras argentinas están «más expuestas a los riesgos sanitarios y laborales» por el virus.
