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POR MARISÚ BOSSA, ABOGADA / NOTA DE OPINIÓN
En el mes de diciembre pasado se suspendió la fórmula de movilidad del régimen general con la Ley de Solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Manteniendo la de los regímenes especiales. Y se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar una comisión de expertos, que delineara un nuevo proyecto de movilidad.
El plazo de suspensión de la ley de movilidad era de seis meses, que luego fue prorrogado por seis meses más, venciendo el mismo el 31/12/2020.
Finalmente se dio a conocer el anteproyecto de la nueva ley, que debería ser sancionada antes de fin de año.
La fórmula propuesta se basa en el incremento de los salarios y el incremento de la recaudación con destino a la ANSES (que se utiliza para pagar jubilaciones y beneficios no contributivos).
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Es una fórmula semestral, y para marzo se tomará el promedio de los salarios y la recaudación del semestre anterior. Pero en septiembre se coloca un techo, y es que la suma de ambos aumentos no podrá superar la suba de la recaudación en más de un 3%. ____
El índice que se utiliza se mide sólo por los salarios que hacen aportes, por ende todos los conceptos no remunerativos no se toman en cuenta. Y si consideramos la recaudación, post pandemia, también nos deja sabor a poco.
La fórmula que está suspendida, sin ser la que mejor actualiza los beneficios intentaba reflejar la inflación, con un índice combinado de Precios al consumidor (70%) y evolución de salarios (30%).
El objetivo de la movilidad es proteger el poder adquisitivo de los beneficios, y ajustar las jubilaciones en función de la recaudación no parece una buena idea.
Sería bueno hacerlo como la mayoría de los países hacen, en función de la inflación, de los salarios, o de una combinación de ambos. Mientras tanto, la recomposición de los haberes parece un anhelo de difícil concreción.
