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RÍO TERCERO / CONCEJO DELIBERANTE / En el día de ayer, se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza del bloque Hacemos por Córdoba para adherir a la “Ley Yolanda” de capacitación obligatoria en la temática de ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático.
En relación con este tema el SUOEM envió una nota apoyando la iniciativa y poniendo a disposición aulas de la FURRT para tales capacitaciones. Para hablar sobre la importancia del proyecto hizo uso de la palabra la Concejal Carezzano(foto tapa).
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«Hoy es para mí un día realmente muy importante, porque tratamos este proyecto que presenté en mayo y que tiene por finalidad que nuestra ciudad adhiera a la ley nacional 27.592, conocida como ley Yolanda. Esta ley establece la obligatoriedad de formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública», expresa conforme la edil.
LA CONCEJAL CAREZZANO Y LA LEY YOLANDA. A continuación el texto de la edil en la sesión del Concejo Deliberante sobre su proyecto.
En nuestra provincia, la ley provincial 10.758 estableció la capacitación obligatoria en la temática para todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado.
La verdad es que no voy a decir nada novedoso poniendo de relieve que la problemática ambiental representa uno de los mayores desafíos que enfrentamos en todo el mundo y de manera especial en nuestra ciudad.
Es un enorme desafío porque durante décadas hemos avanzado, nos hemos desarrollado y hemos crecido sin poner atención alguna al ambiente, y ello ha provocado graves daños que nos afectan de manera directa. Y el Estado es el principal responsable de cambiar esta realidad. Es el Estado el que debe adoptar en cada una de las decisiones que tome un enfoque basado en el desarrollo sustentable, permitiéndonos pensar en un futuro realmente sustentable y posible.
Para ello, debemos necesariamente promover la educación ambiental. Nuestra Constitución Nacional establece la obligación de las autoridades de proveer la educación ambiental. Y tampoco es nada novedoso que hoy diga que la educación siempre es fundamental para poder transitar hacia nuevos enfoques y paradigmas.
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Los funcionarios públicos, aquellos que toman las decisiones en el Estado, aquellos que definen las políticas públicas, deben ser, sin lugar a dudas, los primeros en capacitarse.
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Quiero resaltar que la Ley Yolanda surgió de una iniciativa promovida por jóvenes ambientalistas, y lo quiero resaltar porque creo que son las nuevas generaciones, los más jóvenes, los que vienen empujando desde atrás y obligándonos a ver que debemos empezar a hacer cambios urgentes y rotundos en muchas materias, especialmente en cuestiones ambientales. Aquí en nuestra ciudad tenemos grupos ambientalistas muy activos, a los que debemos invitar a participar, debemos escucharlos y debemos empezar a legislar teniendo esa nueva perspectiva que nos pueden aportar.
Debo también destacar que la ley lleva su nombre en homenaje a Yolanda Ortíz, quien fue la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, en el año 1973, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón. Yolanda fue Doctora en Ciencias Químicas, y fue una adelantada a sus tiempos, entendiendo que lo ambiental es tanto un tema ecológico como social, económico y político y que por lo tanto requiere de un abordaje integral, interdisciplinario y participativo. Yolanda ya hace casi 50 años entendía que la educación ambiental tenía un valor estratégico para cambiar nuestra visión del desarrollo y los hábitos de degradación de la naturaleza.
Y quiero quedarme con una última reflexión: Que esos ideales y esas convicciones que llevó Yolanda hoy nos guíen, y que el ímpetu y la fuerza de los grupos ambientalistas de nuestra ciudad nos empujen no solo a incorporar la capacitación obligatoria en ambiente a todos los funcionarios o empleados públicos, sino a generar a partir de hoy una política pública que entienda al cuidado del ambiente como una de sus prioridades, y que todas las decisiones que se adopten tengan en cuenta siempre el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
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