ARGENTINA / FMI / Según un informe de la consultora estratégica Eurasia Group, lidera cómodo en ambos rankings. Lecciones del caso de Sri Lanka, otro país al borde del default.
La Argentina tiene el raro privilegio de ser, entre 24 países en desarrollo relevados por Eurasia Group, una consultora geopolítica y estratégica internacional, el que más le debe tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) como a China.
PUBLICIDAD
La negociación con el FMI es seguida día a día. Entre el viernes 28 y el martes 1 de febrero el país afronta pagos de intereses por casi USD 1.095 millones, cerca de la mitad de las «reservas netas» del Banco Central (BCRA). Y el 22 de marzo vence una cuota de capital por casi USD 2.900 millones, sobre USD 19.000 millones a lo largo del año. Según el Fondo, la Argentina le debe un poco más de USD 40.900 millones. El dato corresponde al 31 de diciembre pasado y equivale al 28,1% de la cartera pendiente del organismo.
Menos conocidos y más dispersos son los créditos del gigante asiático. Según el informe del Eurasia Group, son casi USD 10.000 millones de compromisos ya asumidos por la Argentina, cifra que no incluye los cerca de USD 20.000 millones del “canje de monedas” del Banco Central con China, que a su vez explican cerca de la mitad de las “reservas internacionales brutas” del país.
La deuda con el FMI es por un paquete stand-by, un “rescate financiero” que entre 2018 y 2019 falló en evitar que una “crisis de liquidez” deviniera “crisis de solvencia”, en tanto la deuda con China es por la financiación de proyectos de infraestructura, como las represas sobre el río Santa Cruz.
La prolongada negociación y las diferencias que subsisten entre el Fondo y el gobierno para refinanciar la deuda mediante un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” a 10 años, con 4,5 años de gracia, tiene en vilo a los mercados y presiona, a través del precio de los bonos, sobre el “riesgo-país” argentino y la cotización del dólar.
El costo y las condiciones del crédito chino, en cambio, son de más difícil evaluación, por falta de acceso a los contratos, que suelen concederse vía empresas estatales y no de gobierno a gobierno. Además, están sujetos a cláusulas de default cruzado y otras condiciones, como la suspensión en caso de default con otros acreedores y hasta control directo de los ingresos de la obra financiada.
La relación con el Fondo incluyó recientemente la visita a Washington del canciller Santiago Cafiero, que hizo gestiones políticas ante el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, y el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, pero merodea sin atravesar la muralla del Departamento del Tesoro, que es el área del gobierno de Joseph Biden que lleva la voz cantante en estas cuestiones.