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RÍO TERCERO// EXPLOSIONES// A 27 años de la tragedia que marcó para siempre la historia de la ciudad, el Estado Nacional solo le pagó 500 de los diez mil demandantes.
Desde el 12 de abril pasado, por resolución de la Justicia Federal de Río Cuarto, el Ministerio de Defensa de la Nación debe pagar $400.000 diarios de multa -$9,6 millones acumulados hasta ahora- por no cumplir con el pago de indemnizaciones a damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en noviembre de 1995. La sanción corresponde a 400 casos y se fijó en $1000 por cada uno.
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El pago de indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179 sancionada por el Congreso en 2015, la que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte). Las condenas cayeron sobre mandos medios.
Hay unas 10.000 causas judiciales iniciadas que pidieron resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por la explosión de la Fábrica Militar que dejó siete muertos, unos 300 heridos y decenas de casas destruidas. En 2019, una resolución ordenó el pago para 124 casos y estableció un monto de $26 millones. Hasta ahora se pagaron unas 360 indemnizaciones.
En agosto del año pasado, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado nacional para que en un plazo de 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, que patrocina a unas 8.000 personas.
En febrero se libraron los primeros pagos correspondientes a demandantes representados por la abogada Rosela Mengo; Defensa planteó que saldrían unos 200 por mes, pero esa cifra no se alcanzó. Hay una Comisión de Pagos de las Indemnizaciones que es la que aprueba los expedientes.
Los pagos se hacen con bonos de consolidación de deuda del Estado a 10 años. Ponce estima que al valor actual son unos $77.000, pero a la fecha de pago, por los intereses, serían unos $420.00 (obviamente, si no se cambian antes).
Después de la intimación de agosto, el juez Ochoa dictó un decreto el 3 de febrero pasado donde le dio diez días al Estado para cumplir los pagos; salieron algunos, pero como la demora sigue Ponce insistió y allí surgió la decisión judicial que fija la multa.
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