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CÓRDOBA// La última sesión del 144° periodo legislativo, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, dejó entre sus aprobaciones la creación de un Fondo de Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Provincial, destinado a afrontar los gastos de obras y servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los mencionados establecimientos.
La iniciativa, según reza su texto, fue elevada por el Poder Ejecutivo para declarar la “emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la provincia de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2023”.
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Su finalidad es “garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades” de los establecimientos educativos en todas sus modalidades y niveles.
De esta manera, la autoridad de aplicación quedará bajo la órbita del Ministerio de Educación, que a su vez tendrá a cargo la administración del Fondo. Este, por su parte, estará conformado por aportes del tesoro provincial, además de sumas enviadas por el Estado nacional, subsidios o créditos con asignación específica para construcción y/o reparación de establecimientos educativos, entre otros.
Para argumentar la necesidad de la normativa, la legisladora Sara García explicó que “los objetivos centrales apuntan a la construcción, en el corto y mediano plazo, de 100 aulas, así como a la reparación de muchas escuelas a lo largo del territorio provincial, para dar respuesta en tiempos útiles a toda la comunidad educativa”.
Con relación a la intervención necesaria que constitucionalmente tiene el Tribunal de Cuentas en los actos administrativos, señaló García que el artículo 4 del proyecto “dispone que resulta un instrumento suficiente la remisión que haga la Autoridad de Aplicación del Fondo al Tribunal de Cuentas del Compromiso Definitivo Global de los créditos presupuestarios previstos para el ejercicio fiscal”.
Cabe destacar que la autoridad de aplicación podrá suscribir convenios respectivos con los municipios. “Es una manifestación más del federalismo de concertación al que tantas veces hacemos referencia en este recinto”, agregó García.
Al cerrar su intervención, la legisladora expresó: “Creo que es un instrumento normativo que permitirá afrontar los desafíos y cumplir con obligaciones en materia de infraestructura edilicia de la mejor manera posible, de cara al próximo ciclo lectivo”.
