____________
RÍO TERCERO / PAGO DE INDEMNIZACIONES / El presidente Javier Milei firmó un decreto que permitiría que más de 1o mil riotercerenses cobren en el corto plazo las indemnizaciones reclamadas desde hace casi tres décadas y pendientes de pago por las explosiones en la Fábrica Militar Río Tercero de noviembre de 1995. La publicación genera sorpresa porque, en este caso, ni siquiera era conocida que se haría por los eventuales beneficiarios de la medida.
El decreto 56/2023, bajo el título Deuda Pública, aparece este lunes 18 de diciembre en el Boletín Oficial, permite que el Banco Central emita hasta tres billones de pesos (3.000.000.000.000), más otros cuatro mil millones de pesos extra (4.000.000.000) para hacer frente a “compromisos financieros inmediatos” y asegurar pagos, en un ‘’esfuerzo’’ por garantizar la estabilidad financiera.
PUBLICIDAD
Entre esos compromisos figura en el decreto el reconocido por la ley 27.139, sancionada en 2015, a través de la cual se acordó el pago de indemnizaciones a los riotercerenses que iniciaron demandas contra el Estado por daños por el atentado que sufrió Fábrica Militar y que aceptaran renunciar a cambio a la vía judicial.
La novedad es tomada por ahora con mucha cautela por la Comisión de Damnificados de Río Tercero y por el abogado Mario Ponce, que patrocina a unos 8.000 damnificados que reclaman por daño moral y psicológico. Ponce está al aguardo de mayores detalles sobre cómo operará ese decreto y se mostró también sorprendido por su publicación. El alcance real es lo que tratan de dilucidar.
Esta medida es la primera relacionada con la colocación de instrumentos de deuda pública formalizada en la Presidencia de Javier Milei.
QUÉ DICE EL DECRETO. El decreto autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir instrumentos de deuda pública para cubrir emisiones con vencimientos en 2024 y plazos de amortización inferiores a 90 días, autorizando una expansión en la capacidad de endeudamiento del país. El decreto incluye un aumento de 4.000 millones de pesos para atender beneficios reconocidos por leyes.