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EDUCACIÓN / ACERCA DE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DE REVISAR UNILATERALMENTE LA LEY DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO TERCERO. La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, autora de la Ley 27.730 que creó la Universidad Nacional de Río Tercero, junto a Marcos Ferrer intendente de Río Tercero y el Dr. Pablo Yannibelli rector normalizador de la Universidad Nacional de Río Tercero; han solicitado audiencia a la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovello, quien junto a Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias de la nación pusieran bajo revisión la creación e inicio de actividades académicas.
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La diputada señala que una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto a una ley del Congreso. Por lo que el accionar del gobierno nacional vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos.
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La Universidad Nacional de Río Tercero fue creada por la Ley 27.730 que cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución: Informe de factibilidad, previsión presupuestaria e informe del Consejo Interuniversitario Nacional. La verificación del proceso de creación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y en excepcionalísimos casos, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al Poder Judicial por cuestiones formales. Nada de eso se corresponde con los argumentos vertidos por la resolución del Ministerio.
El Presidente no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento. El flagrante incumplimiento de las leyes que el Congreso le exige cumplir, es incumplimiento de deberes de funcionario público.
Para eliminar una ley y sus efectos, el único camino es construir esa mayoría en el Congreso que hoy no tiene. Con ese argumento, muchos derechos pueden quedar en jaque, apunta la Diputada.
GABRIELA Y SU DESCARGO
Para Gabriela Brouwer de Koning, esto no nos sorprende, ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del Estado para garantizar el derecho a la educación. Tenemos que mejorar la calidad educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables. «Eso no se resuelve vaciando ni desfinanciando. Hoy las universidades no tienen certezas respecto a los recursos con que van a contar este año y los rectores de todo el país lo manifestaron en el posicionamiento del CIN de hace unos días», detalla.
¿Usted se siente decepcionada, con el Gobierno Nacional? El decreto pretende iniciar una «revisión del proceso de creación», facultad que solo tiene el Congreso cuando sanciona las leyes de creación de universidades, y además remueve al Rector Normalizador que fue designado hace tan solo tres meses para que pueda viabilizar el proyecto institucional.
El Rector Pablo Yannibelli ha desempeñado sus funciones ad honorem, y desde su nombramiento ha cumplido todos los pasos para asegurar la puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional de Río Tercero. Ha cumplido estrictamente el mandato legal del Congreso y de la Ley de Educación Superior, presentando toda la documentación que requiere la autorización por parte de la CONEAU y además ha construido los vínculos sociales, comunitarios y productivos necesarios para darle vida a la UNRT. En este sentido, se concretaron 52 convenios con instituciones locales y regionales y existen muchos más en proceso de rubricación.
El edificio en donde funciona la Universidad pertenece a la Fundación Universidad Regional, que lo ha puesto a disposición para contribuir con la acción educativa. No hubo erogación alguna del Estado en ese sentido.
La sanción de la Ley implicó mucho esfuerzo de los riotercerenses, y es un duro golpe para nuestro anhelo de memoria, verdad y justicia ante los atentados que sufrimos en 1995 en la Fábrica Militar. La ley es una acción de reparación histórica, así lo definieron los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso.
Necesitamos dar vuelta la página de una vez por todas y no volver a las épocas en donde el Estado negaba su responsabilidad en la voladura de la ciudad. Esperamos la reconsideración de la medida tomada por el gobierno, ya que obstaculiza el proceso de funcionamiento de una institución que va a aportar desarrollo, trabajo y mayor producción a nuestra región.