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Una por una: todas las empresas públicas argentinas que podrían ser privatizadas

 

NACIONAL / De aprobarse en el Senado la Ley Bases que tuvo media sanción hoy en Diputados, hay 11 empresas que podrían quedar en manos de privados, algunas de ellas claves, como Aerolínas Argentinas y Enarsa.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana, con 142 votos a favor, 105 en contra y cinco abstenciones, la Ley Bases, que habilita a privatizar cuatro empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, que cerró el año pasado con superávit, y deja sujetas a privatización o concesión a otras cinco. También dos compañías nacionales podrán incorporar capital privado.

La línea aérea de bandera cerró su balance 2023 con ganancias por 32 millones de dólares. No necesitó ejecutar parte del presupuesto asignado, alcanzando el equilibrio financiero por primera vez desde 2008, cuando el Estado Nacional recuperó el control de la aerolínea.

 

 

También fue imprescindible para que los argentinos que viven o habían viajado a Medio Oriente fueran repatriados luego del ataque de Hamás a Israel y la posterior respuesta bélica que arrasó Gaza.

El listado de empresas a privatizar

Aerolíneas Argentinas: a pesar del superávit alcanzado, la gestión libertario-macrista impuso un fuerte plan de ajuste. La semana pasada, su titular, Fabián Lombardo, anunció un plan la implementación de recortes para «reducir a la mitad el déficit operativo»,  con cierre de rutas de cabotaje fuera de temporada.

Las empresas sujetas a privatización o concesión

Agua y Saneamientos Argentinos SA

-Correo Oficial de la República Argentina

-Belgrano Cargas y Logística

-Sociedad Operadora Ferroviaria

-Corredores VialesEn tanto, otras dos empresas podrán incorporar capitales privados, aunque mantendrán mayoría de participación estatal:

-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) 

-Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).

En estos casos  se podrá «únicamente, organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e incorporar la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social».

 

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