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NACIONAL / Si bien se esperaba la descarga de un buque de GNL de Petrobras ayer por la tarde, por problemas en los trámites de pago no se hizo y el Gobierno tomó medidas para priorizar el consumo residencial.
Después de una semana de bajas temperaturas, el sistema de provisión de gas, que operaba al límite, entró anoche en estado de emergencia y derivó en el corte total de suministro a más de 300 industrias y cientos de estaciones de servicio de GNC en todo el país. Ya no importó si los usuarios tenían contratos interrumpibles (a los cuales se les restringe la provisión en caso de falta de capacidad de transporte) o si habían contratado el servicio en firme (pagan más caro para asegurarse el gas todo el año).
Un comité de emergencia formado por representantes del Gobierno y de las empresas se reunió anoche a las 22 para asegurar que el consumo residencial no quede afectado.
Durante todo el día de ayer hubo reparto de culpas. En primer lugar, emerge una situación exógena como las atípicas bajas temperaturas del otoño. Esto derivó en que el consumo de gas residencial aumente sin escalas de 45 millones de metros cúbicos por día (m3/d) a 70 millones.
A eso se le sumó un gobierno que transita sus primeros meses de gestión y que todavía no había terminado de hacer un diagnóstico de la situación heredada.
“Si el gobierno anterior no hubiera demorado los pagos a los contratistas y la importación de equipamientos de las plantas compresoras Tratayén, Salliqueló y Mercedes, hoy tendríamos capacidad para inyectar 10 millones de m3/d más desde Vaca Muerta”, mastican bronca en la gestión actual.
Las empresas constructoras señalan que advirtieron sobre esta situación en diciembre pasado, pero el Gobierno priorizó cuidar el superávit fiscal y frenar la obra pública.
“Aunque a partir del 10 de diciembre se hubiera resuelto ese inconveniente heredado (sin haber hecho el debido análisis del caso), las plantas compresoras no hubieran estado terminadas”, contestan en el gobierno de Javier Milei.
En total, hay 300 industrias sin gas, mayoritariamente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la afectación es transversal a todos los sectores, incluida la petroquímica y el sector alimenticio, como Molinos Cañuelas y La Serenísima, entre otras empresas.
