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NOTA DE OPINIÓN / Por Nicolás Rodríguez, abogado, concejal y líder del espacio de Nuevas Ideas
La Municipalidad de Río Tercero atravesó más de un lustro de emergencia económica debido a la errónea decisión de gravar a empresas de otras jurisdicciones, impulsada por una voracidad fiscal sin límites de la familia Brouwer de Koning.
Cuando el año pasado advertimos sobre la incorporación de nuevos cargos en la boleta de energía eléctrica, no solo lo hicimos por el impacto directo en el bolsillo del contribuyente, que hoy paga mucho más por el mismo servicio, sino también por los posibles inconvenientes legales que el municipio podría enfrentar ante este cobro indebido.
Con la reciente prohibición del Ministerio de Economía de la Nación de incluir tasas municipales en las facturas de servicios, aquella decisión tomada por Ferrer y sus concejales ha quedado expuesta como un despropósito aún mayor.
La reciente decisión de un Juzgado Federal, que esta semana rechazó la acción de amparo presentada por la Municipalidad de Tigre contra la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía, marca un peligroso precedente que podría repercutir en Río Tercero.
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El fallo sostiene que la facturación conjunta de tasas municipales con servicios esenciales confunde a los consumidores, constituyendo un mero mecanismo de recaudación eficiente que muchas municipalidades utilizan para garantizar ingresos estables.
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En la provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y el marco regulador del gas tienen reglas distintas a las de Buenos Aires, pero el antecedente de Tigre podría ser utilizado para cuestionar esquemas de recaudación similares.
La posible futura intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la apelación de esta resolución, podría producir un fallo de aplicación general en todo el país. Esto no solo podría confirmar la inaplicabilidad de los convenios de recaudación existentes, sino también desencadenar una ola de litigios.
Más que una discusión sobre el cobro de tasas, este fallo expone una tensión estructural entre el federalismo y la centralización del poder. Los municipios deben prepararse para un escenario donde su capacidad de acción podría verse reducida.
Ante esta realidad, la Municipalidad de Río Tercero y el intendente Ferrer debe asumir un debate serio y responsable sobre el uso de los recursos públicos. Si la Corte Suprema termina por declarar inconstitucional el cobro de tasas a través de facturas de servicios, la única solución viable no es inventar nuevos mecanismos de recaudación que luego serán nuevamente cuestionados, sino reducir el gasto y hacer más eficiente la administración municipal. Advertimos esta situación desde hace tiempo, y hoy, lejos de corregir el rumbo, se pretende avanzar con nuevas cargas impositivas, como el absurdo «Impuesto a la Valija».
Es momento de evitar otro error costoso y de priorizar una gestión transparente y sostenible para los vecinos y contribuyentes de la ciudad.
