Los privilegios de la familia Macri

El tiempo pasa y la estrategia político judicial para favorecer al Correo, la empresa del Grupo Macri que le debe 4.000 millones de pesos al Estado, se consolida.

La Sala B de la Cámara Comercial concedió una prórroga de 180 días, que en los hechos se estima que será de diez meses, para que la Procuración del Tesoro estudie plácidamente una oferta que hizo en julio la vieja empresa postal para saldar lo que no abonó en 17 años.

La realidad es que el “nuevo” ofrecimiento es prácticamente igual a la que formuló en junio de 2016, que fue denunciado por ruinoso y abusivo por la fiscal Gabriela Boquin, quien señaló que se trataba de una condonación lisa y llana.

La fiscal Gabriela Boquin denunció en 2016 el acuerdo por la deuda del Correo por ruinoso y abusivo. 

Lo más notable es que la nueva postergación, que favorece al Correo para que siga eximido de pagar fue formulada por el procurador Bernardo Saravia Frías, el jefe de abogados del Estado que designó Mauricio Macri después de desplazar a Carlos Balbín, quien había advertido sobre las irregularidades del caso.

Se supone que los representantes estatales deberían estar interesados en cobrar, más aún en tiempos de crisis donde se busca recaudar. Pero el interés que prima es el del lado empresario, con aval judicial.

La resolución de la Cámara fue firmada anteayer por las juezas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero (también presidenta de la Asociación de Magistrados), y consta de cinco renglones en los que simplemente dice que son atendibles las razones del Procurador.

¿Cuáles son? La presentación de Saravia Frías alegaba, por un lado, que “por la complejidad de la propuesta es menester un exhaustivo análisis numérico para determinar su conveniencia o no para los intereses del Estado”. Pero además decía que la supresión de ministerios resuelta por Macri llevó a que Modernización, que se estaba ocupando del “análisis técnico” de este tema, pase a ser secretaría –de todos modos sigue a cargo de Andrés Ibarra– y eso demanda una “reorganización”.

No explica cuál sería el problema o qué podría provocar demoras, pero el hecho es que la prórroga igual fue concedida. La gran apuesta pareciera ser aplazar este tema para después de las elecciones de 2019. Los dos años que consiguió ganar el Correo desde que se conoció, a comienzos de 2017, el acuerdo escandaloso que intentaba hacer con el Estado para pagar lo mínimo posible de su deuda, es lo mismo que debería durar un concurso de acreedores según los términos de la ley.

Después de la denuncia de Boquín, a comienzos de 2017, Macri intentó mostrar que nadie estaba tratando de ayudar en este asunto a su familia e instruyó los representantes estatales en el concurso de acreedores para que desistieran del acuerdo que se había sellado (que licuaba casi el 99 por ciento de la deuda) y pidieran una nueva audiencia para reformularlo.

La cita era el 16 de marzo del año pasado. Desde entonces, sólo hubo pedidos de postergación del propio Estado. La empresa de los Macri finalmente hizo su nueva oferta con más de un año de demora en julio último. Fue prácticamente igual a lo que se había pactado en 2016. Por un lado, mantuvo su postura de pago en cuotas hasta 2033 que comenzarían a saldarse un año después del convenio (sólo resta dos cuotas a la propuesta original, lo que no cambia nada, por el tiempo que ya transcurrió).

Sostuvo la misma tasa de interés ofrecida, el 7 por ciento, que no tiene relación con el contexto inflacionario ni con las tasas que hay en el mercado (hasta la de un plazo fijo ex muy superior). Planteó también un “reconocimiento adicional” en concepto de intereses con tasa pasiva siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado, como consecuencia de la estatización.

Es decir, el Correo pretende pagar con dinero del propio Estado. En los juicios que tiene en marcha reclama cifras que superan los 3000 millones de pesos por supuestos incumplimientos contractuales, por la estatización en sí (que dispuso Néstor Kirchner cuando Correo dejó de pagar el canon) y por la transferencia de activos a la estatal Correo oficial.  

Para evaluar esa oferta, casi igual a la de 2016, primero la Cámara le dio 45 días a Saravia Frías, cuyo estudio solía defender al Grupo Macri, por lo que fue denunciado –sin consecuencias– ante la Oficina Anticorrupción al momento de su nombramiento. Ahora tiene 180 días más con la feria judicial en el medio.

El concurso del Correo lleva 17 años ya, donde los tribunales que intervinieron intimaron a la firma ni fue declarada la quiebra, que arrastraría a las dos empresas controlantes del Grupo Macri: Socma y Sideco. Sobre ellas hay una investigación sobre maniobras de vaciamiento en medio del expediente concursal detectadas por Boquín -que le valieron intentos por desplazarla- que está en marcha.

Se trata de un caso con infinidad de anomalías. Una es que lo que se llama “período de exclusividad” (en que la empresa concursada negocia con acreedores y ofrece formas de pago) que no puede durar más de 90 días, prorrogable por 30. Hubo uno en 2002, luego otro entre 2005 y 2010 y otro en 2011. Algo insólito.

Según dictaminó Boquín en varias oportunidades así como el ex procurador Balbín que había designado Macri y que fue invitado a retirarse, el Correo tuvo excepciones constantes que eludieron las leyes, en una cómoda sintonía con el Estado (que se supone que debe reclamarle cumplir sus deudas) y con ciertos tribunales como facilitadores en el terreno judicial.

La causa penal por todas estas anomalías, donde está imputado el Presidente, no mostró avances ni la premura que los jueces y fiscales de Comodoro Py imprimen en investigar a funcionarios del pasado.