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La clínica privada es la única del sector, que pido el Procedimiento de Crisis ante el Ministerio de Trabajo

Legislador Peirone: cuando el rol público se convierte en oportunidad para obtener beneficios privados

 

POR JUSTO DAGORRET / SALUD / TRABAJO / POLÍTICA / El legislador provincial Juan Pablo Peirone, se encuentra bajo la lupa por lo que muchos ven como un evidente conflicto de intereses entre su función pública y sus intereses privados.

En la sesión del miércoles 30 de octubre, Peirone insistió en su propuesta de que el Gobierno Provincial debería destinar un porcentaje de lo recaudado por Ingresos Brutos de las empresas de salud para financiar equipamiento sanitario en clínicas privadas.

La iniciativa plantea serias dudas sobre el rol de los funcionarios al servicio de intereses empresariales y no del bien común, pues convierte al aparato estatal en financista de servicios privados.

 

 

 

La propuesta de Peirone tiene un problema central: plantea que el Estado intervenga en las finanzas de las clínicas, aliviando costos que los mismos centros de salud privados deberían asumir para sostenerse y modernizarse. La idea de que los contribuyentes deban financiar mejoras en empresas privadas parece contradictoria y plantea preguntas sobre la equidad y la transparencia.

 

Peirone en la mira: Negocios y política y algo más…

 

 

CLINICA SAVIO SOLICITÓ AL MINISTERIO DE TRABAJO UN PROCEDIMIENTO PRVENTIVO DE CRISIS

A esto se suma otro hecho relevante: la Clínica Privada Savio, de la cual Peirone fue, es o sería accionista, ha solicitado recientemente un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo, donde busca reducir horas y pagos a sus empleados.

Mientras que Peirone pide que el Estado provincial destine fondos públicos para apoyar a clínicas privadas, su propia clínica pretende descargar el peso de la “crisis” tanto sobre los trabajadores como sobre el Estado, al buscar modificar condiciones laborales para pagar menos y recargar de tareas al personal restante.

La insistencia de Peirone en usar fondos públicos para sostener al sector privado al que él mismo pertenece genera serias dudas éticas y cuestiona los principios de quienes deben legislar en favor del bien común. La intervención estatal, en estos casos, no debería servir de respaldo para quienes se encuentran en ambos lados del mostrador.

 

 

 

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