El Ojo Web Información periodística de Río Tercero y la región
DIPUTADOS / La diputada radical, Gabriela Brouwer de Koning presentó un proyecto para derogar las normas que garantizan remuneraciones para integrantes del clero católico. «Si bien desde el año pasado la iglesia renunció progresivamente a las asignaciones, es necesario derogar los decretos-ley que todavía están vigentes y quedaron como “hojarascas” en la legislación argentina», aclara la diputada nacional.
PROYECTO DE LEY. El proyecto de ley tiene por objeto derogar las disposiciones normativas que garantizan asignaciones a favor de integrantes del clero católico en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones. Desde Diputados se busca que la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense, conforme a lo previsto por el decreto 1084/98 y modificatorios, no integre la nómina salarial del Estado Nacional desde el período presupuestario.
FUNDAMENTOS. La diputada Gabriela Brouwer de Koning fundamenta el proyecto que las leyes vigentes tuvieron su origen durante la última dictadura militar y al día de la fecha han quedado desfasadas respecto a la evolución social, política y económica de la Argentina y obsoletas en su operatividad.
«También se propone la derogación del pago de retribuciones a la curia castrense, hasta el día de hoy en vigencia. La pretensión aquí propuesta tiene que ver con un trabajo constante que a lo largo de los años ha desarrollado la Unión Cívica Radical para fortalecer la separación entre la Iglesia y el Estado y el acceso igualitario al sistema previsional», recalca la diputada nacional.
En esto es importante destacar el proyecto 1418-D-20181 presentado por el Diputado (M.C) Alejandro Echegaray y el proyecto 6331-D-20182 de la Diputada (M.C) Lorena Matzen que establecía sanciones para el goce de los beneficios previsionales referidos en caso de comisión de delitos contra la integridad sexual.
Los decretos leyes sobre las que se pretende operar derogación son las siguientes:
1) El decreto ley 21.540 que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra
equivalente al 60 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
2) El decreto ley 21.950 que establece una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70 % de la remuneración
citada para los obispos auxiliares.
3) El decreto ley 22.162 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración
pública nacional.
4) El decreto ley 22.430 que establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores
en relación de dependencia.
5) El decreto ley 22.950 que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.
Finalmente, la diputada radical expresó: » La utilización de fondos públicos debe estar orientada hacia el beneficio colectivo de la ciudadanía, que el Estado resulte obligado a desembolsar fondos para retribuir servicios religiosos, no cumple ese objetivo.
En su lugar, esos fondos podrían destinarse a servicios públicos como educación, salud o infraestructura, que beneficien a toda la población sin importar sus creencias personales.
Aunque históricamente la relación entre la Iglesia Católica y el Estado ha sido muy estrecha en Argentina (al igual que en muchos países de América Latina), la realidad social ha cambiado. La sociedad argentina es más diversa en términos religiosos y culturales, lo que sugiere que el financiamiento estatal a la Iglesia Católica ya no refleja adecuadamente la composición plural del país. Es por las razones precedentemente expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley».
