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INTERNACIONAL. Francia anuncia una moratoria de seis meses en la introducción de las nuevas tasas, que estaba prevista para enero, tras varias jornadas de disturbios.
MACRON Y SU POLÍTICA LIBERAL. La suspensión de la subida de las tasas al combustible, prevista para el 1 de enero, se prolongará durante seis meses. A esta medida le acompañará la congelación de los precios del gas y la electricidad. El Estado dejará de ingresar 2.000 millones de euros al suprimir estas tasas. Si no encuentra otros ingresos o recorta el gasto, esto puede complicar la reducción la deuda.
No está claro que la moratoria en el precio de la gasolina y el gasoil apacigüe a los chalecos amarillos. El Gobierno confía en que, como mínimo, las concesiones sirvan para rebajar el amplio apoyo al movimiento en la opinión pública. Según los sondeos, en torno al 70% de franceses simpatiza con la protesta.
La respuesta de Macron y Philippe a la crisis tiene un inconveniente. Y es que llega tarde y es limitada en comparación con las exigencias de los chalecos amarillos y de algunos políticos de la oposición. Además, aplaza el problema hasta dentro de seis meses, cuando la moratoria expire, fecha que coincidirá, además, con las elecciones europeas.
En Francia el Reagrupamiento Nacional (ex-Frente Nacional), partido de la vieja extrema derecha que apoya con entusiasmo a los chalecos amarillos, parte como favorito.
Desde que estallaron las protestas hace tres semanas, otras reivindicaciones se han sumado a la de la moratoria en el impuesto al combustible, que penaliza a los franceses que usan el coche a diario en las ciudades y regiones francesas con menos transporte público. Entre otras peticiones, se incluye una bajada de otras tasas que gravan a las clases trabajadoras, el aumento del salario mínimo o la reintroducción del impuesto sobre la fortuna. Muchos activistas van más allá y exigen la dimisión de Macron.
La extrema derecha y la izquierda populista quieren la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones legislativas anticipadas. La derecha de tradición moderada pide un referéndum. La protesta ha empezado a extenderse en sectores como los estudiantes de instituto o los agricultores y, en plena campaña de compras navideñas, y empieza a tener un coste para la economía del país.
Que este presidente suspenda una medida ya aprobada y que lo haga bajo la presión de los disturbios es insólito. Puede marcar un antes y un después en el quinquenio presidencial
