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El Presidente firmó un decreto que cambia los marcos de la discusión entre gremios de la educación y Estado nacional a partir de este año. Los gremios lo consideraron ilegal.
A partir del decreto 52/2018, Macri modificó el decreto reglamentario de la Ley que creaba la Paritaria Nacional Docente, una instancia que este Gobierno solamente llevó a cabo en 2016 pero se negó a convocar en 2017, argumentando que la norma en realidad no implicaba esa convocatoria. Ahora, para evitar “malos entendidos”, se modificó la letra y con ello el espíritu de la misma.
El punto más polémico se encuentra en la modificación del artículo 7 del decreto 457/2007, que reglamenta a la Ley de Financiamiento Educativo. Hasta hoy, ese artículo establecía que gremios y Estado debían sentarse a discutir distintos aspectos de la labor educativa, entre ellos “retribución mínima de los trabajadores docentes”. Ahora, ese punto se elimina y se establece que en la mesa de discusión se hablará de cuestiones como “Condiciones de ingreso a la carrera docente”, régimen de vacantes”, “jornadas de trabajo”, “derechos sociales y previsionales”, entre otros puntos.
Con el decreto, además, eleva el rango del acta acuerdo del 2016, en el cual se establecía que el salario mínimo docente en Argentina debía ser por lo menos un 20% superior al salario mínimo, vital y móvil, hoy en 9.500 pesos (lo cual lleva el salario mínimo docente a $11.400).
Este último punto es el que usó el Gobierno para eliminar la discusión nacional y enmarcar el tema exclusivamente en cada una de las jurisdicciones provinciales. Los gremios retrucaban que este punto no excluía la discusión salarial de cada año.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) dejará de tener mayoría automática en la mesa de discusión con el Ministerio de Educación y contará, al igual que los otros cuatro gremios que participan del debate, con un solo representante.
El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, cruzó duramente al Gobierno. “Este decreto es un mamarracho jurídico y este es un Gobierno antidemocrático”, dijo el sindicalista en declaraciones a Radio Rivadavia. También lamentó que la gestión de Macri “ni siquiera tenga la delicadeza de similar que es un gobierno autoritario que no quiere discutir”. Además, advirtió que lo denunciará ante la OIT.
Tengo para mí que las huelgas de los empleados públicos, ya sea de empresas privadas u organizaciones públicas, implica necesariamente la toma de rehenes. Sí esto fuera así habría que buscar una salida diferente. En una sociedad normal la toma de rehenes para conseguir lo que fuere no tiene cabida. Pienso esto por la huelga de la aviación de ahora y la que se viene seguro con esto de los docentes