POR GUSTAVO NIEVAS / ABOGADO PENALISTA

Finalmente, a través de la sentencia de fecha 3 de marzo de este año, el Superior Tribunal de Córdoba, dispuso anular el juicio llevado adelante por la Cámara del Crimen de la esta ciudad, en noviembre del 2018 por medio de la cual había absuelto de su participación en un incendio intención que provocó la muerte de  Mirta Selva y de su hijo Alejandro Villalón, a los policías Cristian Gabriel Ahumada y José Ezequiel Vidaurre.

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La causa llegó al máximo tribunal de la Provincia, por vía de una Casación presentado por los Fiscales Gustavo Martin y Andrea Hidalgo.

El fallo anuló el juicio y dispuso la realización de uno nuevo, que se definirá por medio de un sorteo en la Sala Penal de Alto Tribunal, por lo que posiblemente se realice en la Ciudad de Córdoba, con nuevos jueces, nuevos fiscales y con los imputados en libertad, hasta que se celebre el nuevo juicio. Los argumentos para dicha anulación fueron que el sistema de análisis de la prueba recabada, había sido defectuoso dejando afuera numerosas probanzas e indicios que hubieran –posiblemente- generado otra decisión.

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Con preocupación deja en claro que quedo verificado que por la época en que se cometió el hecho (2014) la policía de Río Tercero había establecido un método por el cual “disciplinaba” a personas o familias que consideraba “sospechosas” y lo hacía realizando procedimientos ilegales en contra de las mismas e incluso, llevando adelante atentados con bombas del tipo molotov.

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Además, también se dispuso profundizar la investigación porque en el armado de ese incendio no solo habían intervenido Ahumada y Vidaurre, sino varias personas que integraban el cuerpo policial ya sea en la inteligencia previa o en la colaboración y coordinacion durante el mismo, lo cual se deduce del creciente número de comunicaciones entre varios policías en momentos previos al incendio.

Sin olvidar que apenas comienza a prenderse fuego la casa de la familia Villalón, -donde fallecen las dos víctimas-, los vecinos comenzaron a llamar para informar del mismo y en los libros de la guardia policial se dejaba mentirosamente constancia que las llamadas, eran por quejas por ruidos molestos, a lo que se sumó que móviles que tenían una zona asignada para patrullar muy lejana al lugar del atentado (se descartó toda posibilidad de accidente doméstico) fueron los primeros en llegar al lugar, cuando no habían sido convocados, por el sistema.

Esta falencia, se suma (dice el STJ) a la evidente actitud del cuerpo policial en su conjunto de impedir o entorpecer la investigación judicial, arrimando datos falsificados o negándose a realizar tareas asignadas en la investigación.

En lo referido a Ahumada y Vidaurre, se verificó que pese a sus argumentos defensivos, bien pudieron haber estado en el lugar, hubo testigos que vieron a dos personas vestidas de negro huir de la casa en llamas y en el caso de Vidaurre un testigo lo ubica vestido de negro, llegando a un lugar y manifestando: “El trabajo está realizado, se incendió la casa de Villalón”.

A lo que hay que sumar que en su domicilio se encontraron dentro de una notebook, imágenes de las víctimas y varios pdf y tutoriales de como armar una bomba molotov y ropa compatible con la usada por los autores del atentado.

Una de las personas quemadas -pero que sobrevivió- manifestó que su madre antes de morir gritó : “milico culiado, me quemaste la casa”lo cual expresa que es probable que la misma haya identificado que quien los atacó pertenecía al cuerpo policial, quienes en varias oportunidades los habían amenazado y anunciado que terminarían en el cementerio.

En definitiva, en el nuevo juicio no solo el hecho puntual en contra de la familia Villalón se investigara a fondo, sino una metodología mafiosa instalada en la Policía de la ciudad por medio de la cual, se cometían arbitrariedades en contra de determinados ciudadanos y familias, llegando a arrojarles bombas molotov en sus viviendas, todo lo cual luego procedía a ocultarse para entorpecer la tarea judicial.

La Justicia tardó, pero parece haber llegado. Solo queda la reflexión de que si en aquel momento no se hubiese resuelto indebidamente, tal vez, Vidaurre no habría tenido oportunidad de atropellar y dar muerte en noviembre del 2019, al joven ciclista Aukha Bustos en la ruta de Corralito, hecho que también está próximo a juzgarse.