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RÍO TERCERO / JUDICIALES / La semana pasada una mujer de 45 años con problemas psiquiátricos y con algún grado de discapacidad fue víctima de violencia familiar (golpeada por su padre). Para la Justicia hubo falencias en la atención primaria y de contención. Actualmente, la mujer está internada en el Hospital y posteriormente será derivada a la institución APAHUD. La Jueza Romina Sánchez Torassa (foto tapa) insta a los concejales a articular mediante ordenanzas acciones para las atenciones de violencia de género.
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LA JUSTICIA INGRESA A LA POLÍTICA LOCAL. Esta mañana ingresó al Concejo Deliberante una nota con la firma de la Jueza Romina Sánchez Torassa titular del Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero para poner en conocimiento sobre una situación ocurrida la semana pasada en relación con una persona mujer, con discapacidad, víctima de violencia familiar: «en un alto estado de vulnerabilidad que no encontró contención en la red prevista para ello», puntualizó la jueza.
Para la Jueza Torassa la red organizada por la Municipalidad de Río Tercero habría provocado violencia institucional hacia una persona. «Esta mañana fui atendida por el señor intendente Marcos Ferrer, quien me dijo que estaba trabajando en protocolos para que la situación que esgrimí en la nota no vuelva a suceder», comentó al Ojo Web.
¿Realizó las averiguaciones correspondientes en cada área del Municipio?, le preguntó el cronista a la Jueza: «No tengo que averiguar en las áreas porque el problema puntual que se dio, justamente fue porque en ese momento las áreas no pudieron solucionar la cuestión en ese momento. Por eso, presenté la nota ante quienes pudieran hacer un tipo de ordenanzas para que se coordine las áreas para que no se vuelva a repetir. Lo presenté en el CD como lo podría haber presentado en la Intendencia».
«La cuestión de violencia institucional, es porque entendí que podría haberse llegado a eso, en función que la persona estuvo un tiempo considerable sin respuesta. Esto ha sido un caso puntual y hay que poder trabajar para que no vuelva a suceder. Me presenté en la Municipalidad para que yo pueda ayudar», concluye la funcionaria judicial.
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POR JUSTO DAGORRET / Cuando realicé las averiguaciones sobre este caso de violencia de género, lo primero que se confirmó que la mujer estuvo varias horas en un alto estado de vulnerabilidad: situación de calle, problemas de salud y violencia familiar.
Dicho esto, también hay que decir que los estados municipales en las respectivas áreas de discapacidad, salud y acción social, además de los profesionales de salud mental del Hospital Provincial y la Justicia siguen mostrando cierto grado de descoordinación. Algo que por el bien de las víctimas todo el sistema debe seguir mejorando.
Por otro lado, los jueces deben ser analizados -en principio- en su tarea por sus resoluciones judiciales. Pero hay que subrayar que en el caso de la Jueza Sánchez Torassa, el apoyo hacia el proyecto de ordenanza de la concejal Romina Carezzano presentado es explícito, tocando el hilo fino de que los poderes del Estado deben ser independientes.
Para la edil de Hacemos Por Córdoba el proyecto tiene como primer objetivo formar en el término de noventa días un Consejo Directivo, conformado por un representante de cada área municipal y representantes del Concejo Deliberante, de la policía, de la Unidad Judicial, de la comunidad religiosa, del Hospital Provincial, y de cada asociación, agrupación, ONG o Fundación existente en la ciudad relativa a la violencia de género.
Por último, decir que la víctima debe dejar de serlo lo más prontamente posible y que las cuestiones de funcionamiento y cumplimiento de todas las instituciones deben arreglarse puertas adentro.
