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INTERNACIONAL / COLOMBIA / «Fue con un sentimiento de solidaridad», dijo Andrés Escobar para explicar las imágenes que dos días antes lo mostraron vestido de civil disparando del lado de la policía a los manifestantes del Paro Nacional en Colombia.
Su objetivo, añadió, era «defender la propiedad de la Comuna 22», una zona de clase alta en el sur de Cali, epicentro de las protestas que sacuden al país hace más de un mes.
«Hemos creado un grupo para el beneficio de toda la Comuna 22; no con el objetivo de causar daño, sino de que se retiren los vándalos», aseguró en una justificación frecuente entre las personas que se hacen llamar —y muchos los reprochan por eso— «gente de bien».
Las imágenes de Escobar y otros civiles disparando a manifestantes generaron indignación, suscitaron un llamado de atención de la ONU y recordaron el pasado traumático del paramilitarismo, los ejércitos ilegales contrainsurgentes que, con la complicidad del Estado y muchas veces en alianza con el narcotráfico, mataron más personas que cualquier otro grupo armado durante la guerra.
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Escobar rechaza ser comparado con paramilitares.
«Esto no es una discusión sobre si es un arma traumática o no, o si se estaban defendiendo o no«, dice Jahfrann, un reconocido periodista caleño que grabó las imágenes de Escobar, en las cuales sale usando una pistola de baja letalidad conocida como «traumática».
Del episodio del viernes 28 de mayo las autoridades no han divulgado resultados de las indagaciones que dijeron haber iniciado. Cinco civiles y 10 uniformados son investigados por la justicia militar.
Temblores, la ONG que estudia los abusos policiales, ha confirmado dos presuntos asesinatos en esa tarde en Ciudad Jardín y 13 en el resto de la ciudad durante la jornada que marcaba un mes del inicio del paro.
Durante todo el estallido los colombianos han tenido que confrontar los videos de violencia que inundan las redes sociales con información contradictoria y descentralizada. La cifra de homicidios en protestas de la Fiscalía reporta 17 muertos, mientras que las organizaciones de derechos humanos elevan el número a 70.
