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El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló ayer en contra de la Argentina en su reclamo para que ese país revea sus aranceles al biodiésel. Le dio la razón al Departamento de Comercio norteamericano. El juicio fue iniciado el año pasado por el gobierno de Alberto Fernández y la empresa LDC Argentina.
En 2016, los productores de biodiésel de EE.UU., agrupados en la National Biodiesel Board (NBB), le pidieron al gobierno de Donald Trump represalias contra el biodiésel argentino porque argumentaban que el producto ingresaba con dumping y tenía subsidios.
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Apuntaron contra las retenciones a la soja, que tenía un diferencial que, según la visión de EE.UU., favorecía a la industria argentina en la compra de la materia prima (el aceite de soja) a un valor inferior y también una tasa de derechos en la exportación en ese momento que era del 0% para el biocombustible.
Tras una investigación, Estados Unidos sancionó a la Argentina con derechos equivalentes a casi un 150%, entre aranceles antidumping y antisubsidios. Además, ordenó que el biodiésel se quedara afuera de ese mercado por cinco años. En 2016, Estados Unidos importó de la Argentina alrededor de US$1200 millones en biodiésel de soja. En 2017, Comercio determinó que esas importaciones estaban siendo subsidiadas y Estados Unidos comenzó a imponer aranceles compensatorios de hasta 72,28% como antisubsidios. Aplicó un nivel similar como medida antidumping.
En 2018, el gobierno de la Argentina solicitó al Departamento de Comercio modificar los aranceles antisubsidios a la baja mediante una revisión de circunstancias cambiantes, según indicó Bloomberg.
El departamento determinó de manera preliminar que el régimen de impuestos a las exportaciones de Argentina ya no estaba diseñado y estructurado para alentar el desarrollo de la industria del biodiésel aguas abajo asegurando la disponibilidad de soja relativamente barata. Esto habría reducido sustancialmente los tipos de derechos compensatorios estadounidenses.
El organismo dijo que “el régimen fiscal de exportación de Argentina está cambiando, lo que lleva a Comercio a concluir que no hay suficientes circunstancias cambiantes para justificar una reducción de los aranceles”. El gobierno argentino y LDC entonces fueron a la Justicia.
Comercio sopesó adecuadamente la evidencia del expediente, incluido el diferencial de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiésel, dijo el tribunal de comercio. “Los numerosos cambios en el régimen fiscal de exportación de la Argentina y el proyecto de ley que establece que los aranceles de exportación se reducirían para las mercancías que agregan valor a través de su producción, restan valor a la conclusión de que los subsidios sujetos a medidas compensatorias se encuentran en la investigación subyacente ya no estaba en su lugar”, dijo el tribunal.
La respuesta de la industria exportadora
En la industria exportadora de biodiésel consideraron una “mala noticia” el fallo adverso al producto argentino. Anticiparon que evaluarán una apelación para tratar de conseguir el acceso al mercado.
“Consideramos que el fallo no es justo, estamos analizando la posibilidad de apelarlo trabajando juntos con la Cancillería para defender los intereses de la Argentina. Para la Argentina, es muy importante tener los mercados abiertos, diversificar sus exportaciones y los destinos de las mismas”, señaló Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
“Vamos a seguir insistiendo en buscar algún tipo de arreglo justo y razonable para mantener ese mercado abierto”, agregó.
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