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Adrián Scorza, y su secretario de Gobierno Gerardo Vélez y dos policiales de la provincia de Córdoba fueron imputados por la causa de un pago a adicionales truchos policiales en la ciudad de Almafuerte.
La sospecha está vinculada a la forma del pago de los adicionales, es decir, del servicio especial de seguridad y vigilancia, acordado entre la Policía y un particular, o bien con una entidad oficial. En concreto, se entiende que los pagos que el municipio realizaba a la Policía no quedaban registrados en el circuito formal.
La medida fue tomada por el fiscal Alejandro Carballo, y se lo investiga como supuesto autor de estos delitos al comisario Cristian Brassine y como cómplice secundaria a la sargento Carina Molina. Mientras que la imputación por los mismos delitos alcanza al intendente Adrián Scorza y al secretario de Gobierno, Gerardo Vélez, ambos como cómplices necesarios.
De acuerdo con el expediente, se cuestiona la presunta ilegalidad en varios pagos de adicionales realizados hace dos años. La sospecha es que en vez de depositar en el banco el pago por los adicionales policiales (por vigilancia en dependencias municipales o en eventos públicos), desde el Ejecutivo municipal se habría abonado directamente en la comisaría.
Denuncia
Minutos después de la indagatoria, el intendente Scorza respondió a La Voz que, por ahora, prefiere no dar declaraciones.
No obstante, desde el entorno más cercano del jefe municipal no se ocultó la indignación por la sospecha judicial.
Una fuente cercana a Scorza confió que “no hay nada ilegal”, luego de interpretar que “sólo se pagó como se venía haciendo desde siempre en el municipio y como lo siguen haciendo varias instituciones locales”.
Y agregó que se tratará de demostrar que “el pago no se depositó en el banco, pero tampoco existe la firma de algún funcionario”. Y reveló que “el monto en cuestión es de 23 mil pesos”.
La denuncia judicial fue rubricada por un vecino de Almafuerte, José Escribano, luego de varias observaciones que realizó el tribuno de Cuentas municipal, Ernesto Martínez, respecto de los pagos de adicionales policiales.
El tribuno de la minoría no autorizó los pagos ante la sospecha de alguna presunta ilegalidad.
Cuestionó durante más de dos años que había varios pagos adicionales policiales que se hacían con dinero del municipio, pero que no se seguían los canales habituales. Es decir, no se realizaba un depósito bancario, sino que un funcionario municipal firmaba un recibo, dejó en una constancia.
El fiscal ordenó varios allanamientos en la comisaría y en el municipio hace casi un año. Sin embargo, se sospecha que las anomalías podrían haber arrancado en 2015.
Por esa razón, todavía no se calcula con precisión de cuánto podría ser el eventual desfalco contra el municipio.
Entre la prueba que se analiza figura documentación incautada por peritos informáticos de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), de la Policía Judicial.
Y además, ya se han sido recogidos varios testimonios.
Dineros sinuosos: Qué se investiga
La causa tiene un antecedente reciente.
En septiembre de 2017, el fiscal de Río Tercero ordenó una serie de allanamientos en la comisaría de Almafuerte y en la sede de la Departamental Tercero Arriba, en Río Tercero. En síntesis, se investiga si se registraron pagos de adicionales policiales en “negro”, es decir, por fuera del sistema institucional que prevé la fuerza.
La investigación está lejos de ser excepcional en la provincia.
En mayo de 2017, nueve policías de la ciudad de Villa María fueron imputados por una presunta maniobra delictiva tendiente a cobrar irregularmente servicios adicionales.
Fuente: Mariela Martínez de La Voz del Interior. WWW.LAVOZ.COM.AR
