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  - "#GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA"
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# La Provincia oficializó el cobro de operativos por amenazas en escuelas: Se publicó el protocolo en el Boletín Oficial

![escuela-villa-allende](/download/multimedia.normal.bc337052eaccd0c9.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

***El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación del sistema para recuperar los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en escuelas, tras la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula el procedimiento.***

Si bien la decisión ya había sido dada a conocer días atrás por el ministro Juan Pablo Quinteros, la novedad es que ahora quedó oficialmente vigente a partir de la resolución del **Ministerio de Seguridad que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos**, estableciendo el mecanismo administrativo para reclamar los costos a los responsables.

La normativa apunta a garantizar el uso responsable de los recursos públicos frente a situaciones que obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.

### Cómo se aplicará

El procedimiento se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los autores del hecho y a los adultos responsables.

#### A partir de allí:

- Se determinan los costos operativos de cada intervención.
- Se elabora un expediente con todos los registros del operativo.
- Se cuantifican los gastos incurridos por el Estado.
- Se intima al pago en un plazo perentorio de 5 días.

En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero.

### Qué cubre el recupero

El protocolo contempla la posibilidad de reclamar los costos de todos los recursos afectados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos, cuya activación genera un impacto directo en el presupuesto provincial.

Con esta publicación, la Provincia da un paso clave en la implementación de una política orientada a desalentar falsas amenazas y hechos de riesgo en ámbitos escolares, estableciendo que quienes los generen deberán hacerse cargo de los costos que ocasionan.

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