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Las aerolíneas deberán proveer información anticipada sobre los pasajeros que transportan. El Gobierno asegura que sólo se trata de cumplir con estándares internacionales.
En medio de la polémica desatada por los planes del Gobierno para endurecer los controles migratorios sobre aquellos ciudadanos de otros países que se vean involucrados en delitos, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentó hoy, junto al director nacional de Migraciones, Horacio García, el nuevo sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API, por sus siglas en inglés) que obligará a las compañías aéreas y empresas de cruceros a proveer el listado de viajeros a bordo una vez que el vuelo o barco deje el aeropuerto o puerto de origen.
Así, la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) y las fuerzas de seguridad contarán con la nómina provisoria de viajeros unos 75 minutos antes de su partida, para su cotejo con el sistema de Interpol I-24/7, algo que en la actualidad se hacía en el momento en el que los viajeros llegaban al mostrador de Migraciones en los aeropuertos.
Durante la presentación, Frigerio aclaró que el Gobierno tiene «una política amplia y de bienvenida» a quienes quieran venir a radicarse a la Argentina como lo demuestra, dijo, los 215.000 expedientes de radicación procesados el año pasado por Migraciones. También, le bajó el tono a las críticas del cónsul boliviano, quien se había quejado de la «ligereza» de las opiniones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto a la incidencia de la inmigración en el narcotráfico, y sostuvo que el país continuará trabajando con Bolivia para aumentar la seguridad en las fronteras y eliminar los focos de tensión, como el que se generó días atrás cuando el país andino comenzó a sellar el pasaporte a los argentinos con la leyenda «Turista prohibido estudiar y trabajar», algo que, según el ministro, ha dejado de suceder.
Respecto del decreto en el que trabaja el gobierno sobre política migratoria, Frigerio afirmó que apuntará a quienes «no vienen a trabajar y a dar esfuerzo sino que los echan de otro lado porque tienen procesos penales o antecedentes delictivos»; también, quienes ya han ingresado, «queremos que rápidamente puedan salir». García, por su parte, aclaró que no se modificará la ley ni los requisitos de adminisión y procedimientos de expulsión que ella dispone, sino que se hará más eficiente su aplicación.
La presentación fue en Migraciones
Las autoridades de la DNA explicaron que el nuevo sistema API «de ningún modo» implica un endurecimiento de la política migratoria, sino que apunta a optimizar los controles del tráfico aéreo y adecuarlos a los estándares internacionales y a las recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil.
El año pasado, Migraciones registró unos 73 millones de movimientos por las fronteras, de los cuales unos 12 millones fueron por aire en unos 60.000 vuelos y casi un millón a través de cruceros. Por ello, García explicó que se encuentra en estudio la posibilidad de extender en el futuro el API a las empresas de micros.
El API, que comenzará a regir desde mañana, es un sistema que ya está vigente en varios países desarrollados que permite identificar previamente a aquellos viajeros que requieren de un examen más exhaustivo y, eventualmente, negarles el ingreso al país. Los datos se cruzan con las bases de datos del sistema mundial de comunicación policial I-24/7 de Interpol y con los registros de otros países con los que Argentina tiene convenio de colaboración. Al permitir que el cruce se haga antes del arribo, facilitará el acceso a personas de bajo riesgo y pasajeros frecuentes, reduciendo los tiempos de espera al llegar al país.
En la práctica, se trata de un sistema que supone una barrera a los «peces gordos» del delito trasnacional: terroristas, narcotraficantes y líderes de bandas dedicadas al tráfico de personas o el contrabando. Es decir, una medida de bajo impacto sobre el delito común y que complementa al decreto que el presidente Mauricio Macri prepara para los próximos días, que buscaría endurecer los controles de modo de impedir el ingreso de delincuentes extranjeros al país y proceder a expulsarlos con mayor celeridad.
