Aborto. Una ley que divide a la Argentina

Este miércoles el Senado en Argentina votará uno de los proyectos de ley que más ha dividido al país en la última década: la despenalización del aborto.

Ningún tema ha polarizado tanto a los argentinos desde la aprobación del matrimonio gay en 2010.

Según las encuestas, quienes apoyan la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo son una leve mayoría, pero lo cierto es que en muchas familias, grupos de amigos y hasta en los chats de WhatsApp hay puntos de vista opuestos.

Y nadie permanece ajeno al tema, que se ha colado en todos los ámbitos de la vida. En especial después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto en junio pasado, después de un debate que duró 23 horas y que concluyó con una diferencia de solo cuatro votos a favor.

Se espera que el debate en la Cámara alta sea igual de reñido, aunque -como también ocurrió antes de que se votara en diputados- los pronósticos anticipan que habrá una mayoría de rechazos al proyecto.

Pero si volviera a darse la sorpresa y el proyecto se aprobara, ¿qué significaría concretamente?

Qué ocurre hoy en día. La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina desde 1886, cuando se sancionó el primer Código Penal.

En ese entonces todas las causales de aborto estaban penalizadas, algo que se modificó en 1921, cuando se permitió el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de un abuso a una mujer con discapacidad, «violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente».

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Así Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en legalizar el aborto en ciertas condiciones.

Pasaría casi otro siglo (2012) para que se agregara otra causa no punible de aborto: el embarazo causado por una violación.

No fue a través de un cambio de legislación sino gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estableció que toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto, sin importar su capacidad intelectual.

El tribunal supremo determinó que no hace falta una autorización judicial previa para acceder a la práctica ni tampoco se debe denunciar la violación. La víctima solamente debe completar una declaración jurada manifestando que su embarazo es producto de un delito.

Como parte de su mismo dictamen la CSJ exhortó al Estado, tanto a nivel nacional como provincial, a que sancione protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a los abortos no punibles.

Si bien el Ministerio de Salud de la Nación publicó un protocolo tres años más tarde, muchas jurisdicciones aún no han acatado el pedido de la Corte. Y muchos médicos también han alegado razones de conciencia para no practicar los abortos permitidos.

Estos son dos de los motivos por los que los defensores del derecho a abortar consideran que es necesaria una nueva ley.

¿Tendencia?

De aprobarse el aborto en todas las causales Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y Ciudad de México, donde la práctica ya es legal, al igual que en casi todos los países desarrollados.

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Y seguiría los pasos de Irlanda, otra nación católica que en mayo pasado despenalizó el aborto.

Una legalización también podría dar mayor impulso a un proyecto para despenalizar completamente el aborto en la vecina Chile, que en 2017 permitió la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer y embarazos producto de violación.

Hasta entonces el país sudamericano era uno de solo seis en todo el mundo en los que el aborto está completamente prohibido, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.

Tres de esos seis países están en América Latina (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana), aunque en la mayor parte de la región el aborto está permitido en ciertos casos.

Qué dice la norma que se vota en Argentina

El proyecto legislativo que recibió media sanción de la Cámara baja el pasado 14 de junio otorga a toda mujer derecho a optar voluntariamente por la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.

Pasado ese período, el aborto solamente es no punible en casos de violación, riesgo a la vida de la madre o mala salud del feto.

La legislación permite, además, que el aborto pueda realizarse en cualquier hospital o clínica y obliga a los prestadores de salud tanto públicos como privados a cubrir el costo, no solo del procedimiento sino de los medicamentos y de las terapias de apoyo que sean necesarias.

Este es uno de los puntos más polémicos que tiene la ley. Los defensores de la norma aducen que debería ser gratuito porque se trata de un problema de salud pública. Citan las casi 66.000 hospitalizaciones de mujeres que se producen cada año como consecuencia de abortos mal hechos, de acuerdo con cifras oficiales.

Pero quienes se oponen consideran que no es un problema de salud pública ya que las estadísticas también muestran que en la actualidad mueren cerca de 40 mujeres cada año como consecuencia de abortos clandestinos, una cifra mucho menor que otras problemáticas de salud femeninas que no son cubiertas por el Estado.

Incluso algunas personas que están a favor del derecho de la mujer a elegir creen que el sistema de salud público no puede afrontar el gasto de los cerca de medio millón de abortos que, según estiman algunas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, se realizan en la actualidad cada año en Argentina.

Objeción de conciencia

Otro de los temas más controvertidos del proyecto de ley de aborto es el de la objeción de conciencia.

Si bien la norma permite que los profesionales de la salud queden eximidos de la obligación de practicar abortos si manifiestan su objeción previamente y por escrito, no permite dicha objeción en caso de que la mujer gestante «requiera atención médica inmediata e impostergable».

Tampoco permite que un hospital o una clínica se rehúse a realizar la práctica, incluso si es un establecimiento confesional.

«Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario«, especifica en su artículo 11.

Esto llevó a que un grupo de centros de salud católicos denunciara que sus directivos podrían recibir penas de cárcel y el sanatorio incluso podría ser cerrado si se aprueba la ley y ellos no aceptan realizar abortos.

Del otro lado, quienes apoyan el derecho de las mujeres a elegir señalan que si se permite que todo un establecimiento sanitario se rehúse a realizar abortos algunas mujeres, en especial las que viven en zonas con pocos centros de salud, podrían no tener garantizado su acceso a la práctica dentro de las 14 semanas que prevé la ley.

Además, recuerdan que el alto número de objetores de conciencia es uno de los motivos por los cuales muchas niñas y mujeres que fueron violadas hoy no tienen acceso a un aborto seguro, a pesar de que así lo dispone la justicia.