El insólito dique que explota una empresa privada y arruina la vida en uno de los ríos más importantes de Córdoba y Santa Fe
Desde 1991, un grupo de vecinos y pescadores recreativos luchan para poner fin al insólito dique que mantiene partido en dos al río Carcarañá, que es una de las principales causas de la destrucción de la vida acuática río arriba y que sólo sirve para generar una pequeña porción de la energía que utiliza la empresa Molinos Juan Semino SA. Los gobiernos de Santa Fe y Córdoba firmaron un acuerdo que, entre otras cosas, incluye el objetivo avanzar en la remoción de la presa, pero la empresa se niega a negociar. Desde el punto de vista económico, ambiental y recreativo, se trata de un conflicto que no tiene la más mínima razón de ser, aunque dos biólogos han advertido que el problema es mucho más profundo y que la remoción de la presa podría ser un primer paso, pero no el último.
El río. El Carcarañá nace en Córdoba, donde confluyen los ríos Tercero y Saladillo, y desemboca en el río Coronda, afluente del Paraná. Entre 1867 y 1878 se construyeron tres diques sobre el río que en su momento fueron una verdadera revolución tecnológica. El único que sigue el pie es el que está en la localidad de Carcarañá.
El dique ha sido uno de los principales actores en la pérdida de biodiversidad río arriba. «Desde el río Coronda hasta el dique hay casi veinte campings y complejos de cabañas cuyos pasajeros disfrutan de un río con 225 especies de peces, la misma cantidad que hay en el resto de la cuenca del Paraná. Hacia abajo, en cambio, conviven menos de 30 especies de peces, el agua es oscura, casi no hay campings o clubes y muchos vecinos de la zona ni siquiera conocen el río, porque sencillamente no lo consideran un lugar de esparcimiento», lamentó Beltrame.
Negociaciones. Desde el año pasado hay conversaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe y representantes de Molinos Juan Semino, que están dispuestos a dialogar, pero no quieren que el dique se derribe ni siquiera en un largo plazo. A los negociadores les dijeron que el beneficio económico para la empresa es grande, aunque le presentaron un cálculo distinto al que hicieron en el gobierno de Santa Fe.
Según una declaración jurada que la empresa hizo ante el ENRE hace unos años y a la que accedió Infobae, el dique genera apenas 375.000 Kw/mes de los 1.620.000 Kw/mes que la fábrica consumía por ese entonces. Esto quiere decir que a la represa le generaba en ese momento apenas el 23,14% del consumo total, algo que los vecinos aseguran que se podría solucionar con unos 50 metros cuadrados de paneles solares o un biodigestor. Pero aclararon que en la actualidad estiman que el porcentaje de generación es muchísimo menor, debido al crecimiento de la compañía.
Sí hay algo innegable en este punto: la empresa tiene derechos adquiridos. Pero esa ventaja legal no es tan lineal, ya que en el gobierno santafesino están evaluando algunos supuestos incumplimientos de Molinos Juan Semino que le quitarían su posición dominante en la mesa de negociación.
Fuentes que intervienen en las conversaciones explicaron a este medio que las presentaciones ambientales de la empresa están desactualizadas. Los informes ambientales de cumplimiento se deben presentar cada 3 años. El último de Molinos Juan Semino fue sellado en 2008 y ni siquiera fue aprobado, porque no se mitigó el impacto del dique sobre la fauna ictícola, a lo que se suma que la escala de peces de la presa es ineficiente y que promueve la depredación, porque al lugar han ingresado pescadores que la empresa dice que no puede controlar.
Hasta ahora, la única oferta de la empresa es hacer una nueva escala de peces. La que tiene la represa se basó en un modelo británico pensado para salmones, que no sirve. Fue en el siglo XIX, cuando la cuestión ambiental no era parte de la agenda. La compañía había propuesto readecuar la escala en 2012 y el Estado provincial aprobó el proyecto, pero nunca se llevó adelante. Los ejecutivos de Molinos Juan Semino alegaron que fue por un tema económico. Ahora el gobierno santafesino cambió de postura y rechazó el ofrecimiento. Quiere que la represa desaparezca.
Nada de esto pudo ser corroborado con la empresa, que declinó hacer declaraciones al respecto ante la consulta de Infobae.
El problema estuvo a punto a solucionarse hace unos años, pero lo trabó una propuesta del entonces diputado y actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aunque su equipo ahora parece resuelto a poner fin al problema. «Tenemos una empresa privada que recibe un beneficio a partir de un recurso público con consecuencias ambientales negativas. Queremos llegar a una solución consensuada, que no sea de un día para el otro, pero sí que escalonadamente se pueda llegar a que el río corra libremente», comentó a Infobae el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler.
Pese a la voluntad negociadora que manifestó el funcionario, ante la falta de avances concretos en la mesa de diálogo la Ministerio de Medio Ambiente provincial envió el 30 de agosto una carta a la empresa y le dio un plazo de un mes para actualizar sus informes ambientales. Ante el silencio de Molinos Juan Semino, los abogados del gobierno provincial están estudiando los pasos a seguir.
600 mil afectados. El conflicto tiene otro actor de peso, que es el gobierno cordobés. La Agrupación de Pescadores con Mosca de Río Tercero hizo un video explicativo en el que calculó que de los 600 mil habitantes que habita la cuenca, medio millón vive en Córdoba.
Al igual que su par de Santa Fe, el secretario de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Javier Britch, se mostró a favor de lograr un «entendimiento» con la empresa. Y aunque dijo a Infobae que comprende la posición de Molinos Juan Semino, advirtió que «una obra que genera energía renovable no debería generar problemas ambientales».
Además, adelantó que están preparando un gran encuentro, posiblemente en Casilda, para reunir a todos los actores involucrados y dar un fuerte mensaje de unidad. «No es ambientalismo versus producción, sino toda la comunidad que tiene que ver cómo resolver un problema. Entiendo la resistencia de la empresa, pero me gustaría que ellos comprendan que el conflicto debe ser resuelto y que sean parte de ese logro», aclaró.
Más obstáculos. El secretario Britch admitió que el dique de Molinos Juan Semino no es el único problema en la cuenca. «Hay otros obstáculos y algunos los tenemos en Córdoba, como el dique azud nivelador de Villa María, donde por ejemplo se podrían hacer unas rampas», graficó.
En esa línea, desde la Agrupación de Pescadores con Mosca de Río Tercero subrayaron que la mirada debería ser más amplia y no se tiene que limitar a la presa de Carcarañá. Creen que además del dique, la baja diversidad de especies tiene que ver con otros tres factores: el correcto manejo del caudal de agua, las barreras químicas y el control del furtivismo.
«El problema es una sumatoria de cosas. Un ejemplo: si una empresa larga efluentes que tiene autorizados, necesitamos que río arriba no retengan el agua. Y si alguien está sembrando peces, que no los pesquen. Es un problema complejo», indicó a Infobae el presidente de la organización, Diego Colussi.
En la asociación está armando una ONG para sumar a todos los interesados en el conflicto del río Ctalamochita, y en ese marco contrataron a dos biólogos, Miguel Casalinuovo y Jael Dominino como coordinadores del plan de restablecimiento de la conectividad del sistema.
«El problema de las barreras se encuentra en Santa Fe y en Córdoba, porque además de Molinos Juan Semino hay otras barreras físicas, como la que se encuentra en Villa María o San Marcos, ambas en Córdoba. Desde el punto de vista del ciclo de vida de los peces, impactan de igual manera todas, porque si desactivás el dique de Carcarañá, que reconocemos que aparentemente es la barrera más importante, igual los peces van a llegar más arriba, pero se van a quedar en la segunda barrera», explicó Miguel Casalinuovo a Infobae.
Pero el biólogo también hizo hincapié en otro tipo de obstáculos, las barreras químicas. «No se ven, pero son importantes. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que hay agrotóxicos a lo largo de la cuenca y se ha detectado su presencia en los tejidos de los peces. También hay investigaciones sobre la calidad del agua, que prueban que cuando el río atraviesa las ciudades, la calidad empeora, básicamente por las aguas servidas«, precisó.
A la hora de interpretar las consecuencias sobre la biodiversidad río arriba de Carcarañá, Casalinuovo subrayó que no es tan importante evaluar la cantidad de especies presentes, ya que la diferencia puede llegar a ser mínima. «Hay dos tipos de peces en la cuenca, los residentes y los migratorios. Los primeros, como las tarariras, cumplen su ciclo de vida más o menos en el mismo lugar. Los migratorios, en cambio, sí o sí necesitan cambiar de lugar entre áreas de alimentación y de reproducción. Esos son los más afectados. Los más importantes entre esos son los dorados y los sábalos. Para evaluar el impacto de las barreras físicas hay que analizar si los peces migratorios suben río arriba y pasan las represas«, educó. «No hay que analizar solo la cantidad de especies, sino ver si la abundancia de los peces migratorios cambia río arriba y abajo de cada barrera de manera brusca, lo cual indicaría que muchos llegan hasta los paredones y no pueden pasarlos«, insistió.
El problema, entonces, es amplio. Y todavía hay más interrogantes que certezas. Todo indica que el dique de Carcarañá será removido, pero persistirán otros problemas por resolver. ¿Se harán las obras en Villa María? ¿Se permitirá que se siga sembrando maíz fumigado con agroquímicos hasta la orilla de los ríos? ¿Se regularán los caudales de los ríos para intentar reproducir las condiciones que tenían los cursos de agua antes de que el hombre incorpore las barreras artificiales? ¿Se controlarán el furtivismo y la contaminación industrial? En definitiva, la pregunta es si el conflicto con Molinos Juan Semino será el principio o el fin de la historia. Todavía hay mucho terreno por explorar y muchos intereses que buscarán cerrar el camino.
Crédito de la nota. Infobae
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