¿Políticas ambientales serán prioridad?…Depende de vos

RÍO TERCERO/ ¿CAUSA FEDERAL?/OPINIÓN/ La causa de derrame nítrico al río Ctalamochita tiene varias novedades, una de ellas es la imputación de los tres gerentes de la empresa Petroquímica Río Tercero que en principio, el Fiscal de Instrucción Alejandro Carballo los imputó por el incidente ambiental y que tendrían responsabilidad por el «no acatamiento» de la orden impuesta por la Policia Ambiental del Gobierno de Córdoba para que de inmediato cesen las actividades de la planta .

Se conoció a través de fuentes extrajudiciales que, recién varios días posteriores a la orden de la Policía Ambiental se detuvo la planta química. Desde Petroquímica advierten que la orden oficial se conoció el lunes a primera hora y por consiguiente la empresa detuvo su producción el miércoles siguiente, ya que el complejo de la empresa química necesita 36 horas para frenar el complejo productivo por cuestiones de seguridad.

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El Juez Carballo en esa línea de investigación espera indagar a los tres imputados y poder saber el grado de responsabilidad y cómo se dieron los hechos en una línea de tiempo.

La otra novedad, es que en la causa intervino el juez federal de Bell Ville, Sergio Aníbal Pinto y que le habría tomado indagatoria a personal de Policia de Ambiente y que la acción del fuero federal se basa en la ley 24051 Sustancias y Materiales peligrosos. Fuentes judiciales federales de la ciudad bellvillense expresaron la importancia del artículo 72 de dicha ley, que establece prisión de 4 a 6 años quien opere material o descargue desechos peligroso en sitios mo autorizados u omitan acciones previstas en los planes para el control de emergencia.

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Fuentes judiciales de los Tribunales de Río Tercero, informaron que el otro dato llamativo de la causa, es que el volcamiento del ácido al río Ctalamochita habría sido en tiempo prolongado, entre sábado y domingo, posteriores al incidente de la pinchadura de una válvula de los tanques de ácido nítrico.

Finalmente, el municipio de Río Tercero a través del Juzgado de Faltas aplicaría una multa que rondaría los 4 millones de pesos según lo anticipó el Intendente de la ciudad de Río Tercero, Marcos Ferrer. En ese sentido el Gobierno de la Provincia aplicaría una sanción más remedatoria y resarcitoria con el medio ambiente. Desde el gremio que nuclea a los trabajadores de Petroquímica esperan que la empresa vuelva a su producción para que no se materialicen suspensiones de personal.

Nota de redacción: cuando me involucre en esta causa, noté del primer momento un alto grado de falta de profesionalismo en general sobre el tema de un incidente ambiental. La ciudad tiene por años una docena de eventos que afectan el medio ambiente. El tema es tomado con cierto grado de «mediocridad».

En primer lugar, hay que decir que desde este lugar periodístico pasando por funcionarios municipales, empleados de Petroquímica, gremio, policía ambiental, integrantes del plan Apell, funcionarios del Ministerio Público hasta vecinos de la ciudad, el tema sobre incidentes ambientales y/o catastróficos tiene un grado de hipocresía y mediocridad en los niveles de resolución hacia el futuro.

Esta realidad contempla informaciones oficiales falsas, cruces de acusaciones entre integrantes de la Policía Ambiental con empleados de la empresa en Petroquímica y funcionarios municipales, sumado a una intervención judicial de dos ámbitos: el Juez Federal de la ciudad de Bell Ville y del Fiscal de Instrucción Carballo de los Tribunales Ordinarios de Río Tercero que muestran el grado de asimetría en materia penal sobre el tema. Algo confirmado por los magistrados de las distintas jurisdicciones.

En el medio de este conflicto ambiental, queda en la retina el trabajo de campo de la Fundación Ctalamochita, que destapó la viralización de la noticia por la mortandad de peces en el río Ctalamochita

También hay que decir el trabajo incompleto de los encargados de Seguridad municipal y la cierta confianza «desmedida» con los directivos de Petroquímica traen mediocridad al Plan Apell. Además eso se suma que los comunicados oficiales de Defensa Civil no condicirían con la realidad de los hechos y ahora conocidos en el expediente judicial.

Un párrafo aparte, es  el apuro del anuncio del Municipio sobre la multa millonaria de parte del Juzgado de Faltas a la empresa Petroquímica, ya que estas medidas de castigo monetario fueron varias veces anunciadas por otros exintendentes en otros incidentes,  sin conocer a ciencia cierta por parte de la ciudadanía, que la empresa alguna vez cumplió con el pago. Sobre ese punto, en la actualidad no se conoce si la empresa paga la Tasa Ambiental.

También hay decir que la clase política local, no profundiza el tema, lo hace en modo coyuntural. La última vez que se reunieron los excandidatos de las fuerzas políticas y el oficialismo, el tratamiento de un plan ambiental para la ciudad nunca estuvo en la agenda. Es más, los once concejales que integran los espacios políticos tampoco asumieron un rol protagonista: ni en diciembre cuando asumieron ni en febrero cuando retomaron sus actividades.

Finalmente, una vez que baje la espuma mediática, las cosas volveran a la normalidad, pero lo que hace falta es justamente una unidad de pensamiento en políticas ambientales. Algo que a primera vista, Río Tercero tiene todas las herramientas para resolver políticas ambientales, pero están dispersadas.

Depende de vos.