POR IVANA TRUCHI (Periodista FM Estación Urbana)/ RÍO TERCERO / CONCEJO DELIBERNTE / JUDICIALES / POLÍTICA / A LA DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO SE SUMA OTRA POR PRÁCTICAS EXTORSIVAS / Se viven días atípicos en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero. FOTO TAPA/ NICOLÁS RODRÍGUEZ CONCEJAL DEL FRENTE TODOS.
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Primero se formalizó una denuncia por violencia de género contra el concejal Nicolás Rodríguez del Bloque Frente de Todos presentada por la secretaria del bloque Noelia Antón. Esto trajo aparejada una restricción para Rodríguez que este jueves no acudió a la sesión del cuerpo legislativo municipal teniendo en cuenta que Antón estaba presente. Los otros dos concejales del bloque, Mercedes Coquet y Diego Dellacasa, se solidarizaron con su compañero y tampoco dieron el presente.
Ante esta situación cabe una gran duda que seguramente será despejada en el trascurso de la semana. ¿Debe el concejal Rodríguez ausentarse y no dar cumplimiento a sus deberes como funcionario electo por el voto popular o la que debe abstenerse de estar presente en este contexto es Noelia Antón que sólo es una empleada del concejo?.
Consultada al respecto la presidenta del Concejo, Gabriela Brower de Koning, manifestó que ya se ha cursado una nota a la jueza de Control Sonia Pipi para que aclare los alcances de la restricción a los efectos de que Rodríguez pueda desempeñar sus tareas.
De acuerdo a lo manifestado por el abogado patrocinante de Anton, Carlos Ríos, la discusión laboral entre Antón y Rodríguez que derivó en la denuncia por agresión contra el edil se habría originado en el hecho de que la mujer debía compartir su sueldo con el abogado Joaquín Azcona por un acuerdo verbal con los integrantes del bloque del Frente de Todos.
Ríos en este sentido sostuvo que en diferentes oportunidades Antón puso de manifiesto su disconformidad con esa práctica pero que fue obligada a mantenerse en ella bajo amenaza de ser despedida, considerando el abogado en este punto que este hecho se transforma en un delito de extorsión, “situación de extrema gravedad institucional que debe ser esclarecida con la mayor celeridad posible”.
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“Estos hechos revisten gravedad institucional, dado que se han producido en el Concejo Deliberante, revelando una práctica corrupta que consiste en obligar a una empleada a disponer de parte de su sueldo en favor de una tercera persona bajo amenaza de despido en función de una relación de poder”, sostuvo Ríos para agregar que si los ediles quieren destinar dinero a un colaborador “en todo caso donen parte de su sueldo de concejales, pero no pueden obligar a un empleado a hacerlo porque eso se transforma en una práctica extorsiva”.
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Los ánimos están caldeados en el concejo y seguramente en los próximos días habrá decisiones que serán dadas a conocer con relación a las dos denuncias. La primera sobre violencia de género en contra de Nicolás Rodríguez y la segunda por prácticas extorsivas que apuntan a los tres concejales del bloque.
Verdades y mentiras que quedarán o no al descubierto, murmullos acerca de una operación política, pedido de licencias, son temas que se tocan en todos los pasillos de la municipalidad en las últimas horas y que seguramente se acallarán una vez que la Justicia tome sus decisiones.