Explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero: la Justicia cita al Gobierno para que pague las indemnizaciones

A los pocos días de asumir como presidente, Javier Milei firmó un decreto para liberar fondos y que se paguen las cerca de 10.000 indemnizaciones que el Estado Nacional debe hace casi 30 años a los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas en noviembre de 1995. Por su parte, y a pedido de funcionarios de la Casa Rosada, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba postergó para el 19 de abril una audiencia de conciliación prevista para este miércoles, para que esos pagos se materialicen.

En un comienzo, los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres, Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Liliana Navarro habían citado para este miércoles a representantes de los ministerios de Defensa y de Economía de la Nación, de la Fábrica Militar de Río Tercero y los de las víctimas de las explosiones. A pedido de los funcionarios nacionales, se decidió la postergación.

La conciliación es en el marco de la causa “Menso, María del Carmen c/ estado Nacional Argentino, Dirección de Fabricaciones Miliares s/daños y perjuicios”. Desde el tribunal indicaron que están realizando “ingentes esfuerzos” para que en esta instancia conciliatoria solicitada por los todos los actores civiles se logre una “reparación efectiva” para las víctimas.

El 18 de diciembre en el Boletín Oficial se publicó el decreto 56/2023 en donde se permite que el Banco Central emita hasta $3 billones más otros $4000 millones para hacer frente a “compromisos financieros inmediatos” y asegurar pagos, en un “esfuerzo” por garantizar la estabilidad financiera.

Entre los “compromisos” que menciona el decreto aparecen los establecidos por la ley nacional 27.139 de 2015, que señala el derecho a percibir una indemnización a aquellos que a esa fecha ya tenían reclamo judicial en marcha. Para cobrarlas, se debe desistir de toda acción judicial. El pago “se hará mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales”, agrega la resolución.

Las explosiones de la Fábrica Militar durante la presidencia de Carlos Menem dejaron siete muertos y 300 heridos y en noviembre pasado, la administración de Alberto Fernández fijó nuevos montos para las indemnizaciones que, además, se indicó, se pagarían en pesos y no en bonos. Sin embargo, no pagó. En estos 28 años, el Estado pagó solamente las indemnizaciones por roturas o pérdidas provocadas por la caída de los proyectiles y las explosiones.

Hay que recordar que la Justicia determinó que la explosión fue intencional para encubrir un faltante de armas que fueron contrabandeadas por funcionarios a Ecuador y Croacia. Menem, que estuvo detenido cinco meses por esta causa, fue primero absuelto, luego condenado a siete años de prisión y finalmente beneficiado por la prescripción del expediente, demorado durante años en la Justicia. En el medio, la Corte le permitió presentarse a elecciones, donde renovó sus fueros como senador. Las condenas cayeron solo sobre mandos medios.

A fines del 2020, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado nacional a que en 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, quien patrocina a unas 8000 personas. El Estado nunca cumplió porque apeló; hace unos meses salió un fallo de Cámara rechazando la apelación.

Ahora, Ponce dijo al medio La Nación que el decreto de la gestión de Fernández está “vigente, no fue derogado y Milei autorizó ampliar la emisión de bonos. El decreto ordena cancelar en pesos. Son temas que hay que definir, igual que el monto. La anterior gestión fijó un monto y derogó los artículos de la ley que hablan de bonos”.