El Gobierno fijó un nuevo aumento para las jubilaciones: de cuánto será el haber mínimo en octubre

De esta manera, el Gobierno nacional incrementó también el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor quedó establecido en $195.456,45.

Pese a que no fue oficializado aún, el Gobierno ya ratificó la entrega de un bono de $70.000 para aquellos jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Este bono, que ha sido una medida paliativa frente al incremento sostenido de la inflación, ayuda a elevar los ingresos de millones de jubilados, aunque sigue siendo insuficiente para cubrir el aumento del costo de vida. Así, por ejemplo, aquellas personas que cobren la PUAM recibirán $265.456.

Este aumento forma parte del sistema de actualizaciones que implementó el Gobierno nacional mediante el decreto 274/2024, que establece la movilidad jubilatoria que rige actualmente luego de que el Ejecutivo vetara la ley del Congreso. Este rechazo contó con el aval de 87 diputados.

El sistema del Gobierno fue una de las principales modificaciones implementadas por Javier Milei desde que asumió la Presidencia, con el objetivo de que las jubilaciones reflejen de manera más directa los incrementos en los precios de la economía. Con esta metodología, los haberes de los jubilados y pensionados se actualizan mes a mes tomando en cuenta el dato inflacionario del mes anterior. En consecuencia, en octubre de 2024, los haberes jubilatorios se ajustarán con base en el IPC de agosto, lo que garantiza que los ingresos de los jubilados mantengan cierto nivel de actualización frente a la inflación.

De haber sido promulgada la ley propuesta el Congreso, el incremento en septiembre habría sido del 8,1%, llevando la jubilación mínima a $253.303 y, con el bono incluido, a $323.303. Sin embargo, los haberes actuales se mantienen considerablemente por debajo de esta cifra.

El decreto 782/2024, con el que el Ejecutivo rechazó la ley, alega que la iniciativa del Poder Legislativo es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostuvo el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.

En ese sentido, enfatizaron en que Presupuesto se diseñó con base en un “programa general de gobierno —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente— y al plan de inversiones públicas”.

Por otro lado, advirtieron en el considerando de la norma que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.

Para ejemplificar sus argumentos, mencionaron que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir, seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.