¡¡¡ iNSÓLITO!!! Prohíben mostrar al público las sesiones del Concejo Deliberante de Monte Ralo
Noelia Carregio, Ezequiel Villarreal y Dénbra Carregio en los estudios del Ojo Web
POLÍTICA / MONTE RALO / En un hecho que generó gran indignación y sorpresa, el Concejo Deliberante de Monte Ralo, con una mayoría oficialista, ha aprobado una resolución que prohíbe la filmación y el acceso público a sus sesiones. Esta medida, considerada inconstitucional por la oposición y un atentado contra la libertad de expresión, busca silenciar el control ciudadano sobre las decisiones que afectan al municipio.
La denuncia fue realizada por concejales de la oposición en el programa «El Ojo Web» , quienes expresaron su preocupación ante la falta de transparencia del oficialismo. Según los concejales, la primera sesión que intentaron filmar para difundir entre los vecinos fue el catalizador de esta drástica prohibición.
La Polémica Resolución N° 2/2025
La medida se oficializó a través de la Resolución N° 2/2025, firmada por el presidente del cuerpo, Walter Gabriel Brotto, y los concejales oficialistas. En sus considerandos, el documento argumenta que se busca «ordenar el manejo de las filmaciones o grabaciones dentro del recinto», afirmando que «tanto Concejales como vecinos que concurren a las Sesiones se prestan a grabar videos o audios, lo que en forma desordenada atentan contra el normal funcionamiento de las sesiones».
El artículo 2° de la resolución establece de forma tajante: «PROHÍBASE la grabación por cualquier medio por parte de Concejales o púbico asistente a las Sesiones del Concejo Deliberante de Monte Ralo». Irónicamente, el artículo 1° ordena a la Secretaría del Concejo grabar y guardar todas las sesiones, lo que para la oposición es una maniobra para tener el control exclusivo del material y la narrativa de lo que sucede en el recinto.
Un Acto de Censura, Según la Oposición
«Nos han censurado totalmente,» afirmó uno de los concejales de la oposición, destacando que esta acción habla más de la actitud del oficialismo que de sus propias intenciones de control. La oposición argumenta que su rol principal es justamente controlar al Ejecutivo y que al querer «silenciarlos», se está negando a la gente el derecho a saber lo que ocurre dentro del municipio.
Contrataciones Irregulares y Falta de Transparencia
La polémica se intensifica al revelarse que el oficialismo estaría manejando contrataciones por decreto, superando el límite de los $200 millones para las contrataciones directas. Un ejemplo de esto es una obra de construcción de un colegio secundario por un valor de 254 millones de pesos [8:00:00], que se estaría llevando a cabo sin licitación pública y con la empresa constructora elegida «a dedo».
La única acción que pasó por el Concejo fue una ordenanza que autoriza al Ejecutivo a negociar con el gobierno para obtener los fondos, pero no se aprobó ninguna licitación para la obra en sí.
La oposición había propuesto una compulsa de precios para esta obra, pero nunca se realizó. Esta situación genera serias dudas sobre la correcta administración de los fondos y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El Camino a Seguir: La Justicia
Ante esta situación, la oposición ha manifestado que presentarán en la próxima reunión un pedido para que la resolución sea anulada. En caso de no ser escuchados, no dudarán en recurrir a la Justicia, ya que consideran que la prohibición de filmar las sesiones es inconstitucional y viola el derecho a la libertad de expresión.
«La gente no es zonza, menosprecian al electorado«, se escuchó durante la entrevista en el Ojo Web, resaltando que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que sucede en el Concejo Deliberante. La política, especialmente en un contexto de constantes escándalos, debe someterse al escrutinio público para garantizar la probidad y la buena gestión, sostienen desde la oposición.
El portal El Ojo Web se ha comprometido a seguir de cerca el desarrollo de esta situación, prometiendo estar presente en las próximas sesiones del Concejo Deliberante de Monte Ralo, ya sean abiertas o cerradas, para garantizar que la información llegue a la ciudadanía.
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