¡Escándalo político en Monte Ralo! Censura, renuncias, «persona indeseable» y los vecinos opinan
POLÍTICA / MONTE RALO. La pequeña localidad de Monte Ralo se ha convertido en el epicentro de un escándalo político que desnuda las tensiones, las faltas de transparencia y el uso extremo del poder en la política municipal. La disputa, centrada en una insólita prohibición para filmar las sesiones del Concejo Deliberante, escaló a un nivel sin precedentes: la declaración de un concejal opositor como «persona indeseable».
Como si fuese poco, en octubre pasado, renunció el Tribuno de Cuentas del oficialismo, no logrando que alguien ocupe su lugar. Estaba prevista la realización de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que son públicas y abiertas, pero según una fuente oficial se llevará a cabo la semana próxima.
El acto de censura: la Resolución 2/2025
El conflicto tiene su origen en la Resolución N° 2/2025, aprobada por la mayoría del bloque oficialista Hacemos Unidos por Monte Ralo. Esta medida, calificada por la oposición como inconstitucional, prohíbe tajantemente la filmación y grabación de las sesiones por parte de los concejales de la minoría y el público.
La denuncia de la oposición, difundida por medios digitales, señaló el acto como un «atentado contra la libertad de expresión» y un intento de silenciar el control ciudadano, especialmente en un contexto donde el oficialismo enfrenta acusaciones de contrataciones irregulares (como la de un colegio secundario por más de $250 millones) sin la debida licitación pública.
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La respuesta oficialista: ataque Ad Hominem y desacato
El bloque oficialista Hacemos Unidos por Monte Ralo respondió con un durísimo comunicado que, lejos de desescalar el conflicto, lo justificó con argumentos personales y terminó por dinamitar el diálogo institucional.
El oficialismo no solo ratificó que la prohibición de filmar está «vigente», sino que reveló que la medida fue motivada por las supuestas «expresiones desafortunadas e incoherentes» vertidas por el Concejal opositor Ezequiel Villarreal (bloque Juntos por el Cambio) contra el Presidente del Concejo y otras autoridades.
Entre las descalificaciones que el oficialismo citó como argumento para su accionar se encuentran términos como: «machista,» «autoritario,» «payaso,» «censurador» y hasta «ladrón».
¡EL PUNTO DE NO RETORNO!
El oficialismo decidió declarar «persona indeseable al Concejal Don Ezequiel Villarreal», un uso extremo del poder institucional para castigar la disidencia.
La voz de la vecina: «Nos quieren esconder la verdad»
La indignación de la clase política opositora ha encontrado eco inmediato en la ciudadanía, que ve en la prohibición un intento desesperado por ocultar la verdad. En una carta de lector de puño y letra de Ana Susana Iaves, una vecina, expresó sin filtros el sentir popular:
«Lo que está pasando en el Concejo es la confirmación de lo que todos sospechábamos: si prohíben filmar, es porque algo están escondiendo. No importa si el Concejal Villarreal usó malas palabras; la respuesta no puede ser silenciar a todo el pueblo. Nosotros no somos ‘indeseables’, somos los que votamos y pagamos. Nos quieren sacar el único ojo que teníamos para ver qué hacen con nuestra plata. Esto no es por decoro, esto es por impunidad».
El clamor ciudadano subraya que el oficialismo está confundiendo la protección de su imagen personal con la obligación de la transparencia pública. La censura afecta a toda la ciudadanía que busca controlar cómo se gastan sus impuestos, no solo al concejal sancionado.
El caso de Monte Ralo se convierte así en un triste ejemplo de cómo los conflictos personales son utilizados para cerrar las puertas de la democracia municipal, un acto que, jurídicamente, pone a las autoridades contra las cuerdas de la inconstitucionalidad y el derecho a la información pública. Se espera que la Justicia sea la encargada de restablecer el equilibrio, devolviendo la luz a la pequeña asamblea comunal.
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