Ultimátum de Ferrer: se activa el ‘Plan Motosierra’ con recorte del 30% a todas las áreas, incluido el Concejo

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Por la Redacción / Justo Dagorret

El clima en el Palacio Municipal ha cambiado drásticamente. Lo que antes se discutía en términos de gestión, hoy se discute en términos de supervivencia. Fuentes oficiales confirmaron que el intendente Marcos Ferrer encabezará una reunión clave prevista para el próximo martes, con su gabinete donde pondrá sobre la mesa un ultimátum: debido al desplome de la coparticipación nacional y provincial, y la baja recaudación propia, cada área deberá recortar un 30% de sus gastos.

La orden llega con una advertencia que no admite segundas lecturas: “Si el funcionario no cumple con ese objetivo, deberá renunciar”. Es el «Plan Motosierra» versión local, una medida de shock para evitar el colapso financiero.

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El fin del Estado «Papá»

El ajuste se apoya en datos duros. Ya se han dado de baja 45 contratos de personal y la tijera seguirá pasando. Pero el recorte también implica un cambio cultural en la administración. Se revisarán con lupa las carpetas médicas para frenar el ausentismo recurrente y se replantearán las ayudas sociales históricas.

El caso de los alquileres sociales es emblemático de este cambio de paradigma. «El Municipio no puede estar siempre ayudando», sostienen desde el Ejecutivo. Se detectó que muchas familias reciben este subsidio desde hace más de cinco años, tiempo considerado suficiente para estabilizarse.

• El dato: De los 36 alquileres que el municipio pagaba al asumir Ferrer en 2023, hoy quedan 22. El objetivo es que estas ayudas vuelvan a ser, como dice la norma, «provisorias».

La «Motosierra» llega al Concejo Deliberante

El ajuste no se detendrá en el Ejecutivo. La intención oficial, según la fuente es que la austeridad cruce la calle y llegue al Concejo Deliberante. El planteo de la «motosierra» hacia el cuerpo legislativo es estrictamente económico: «Cobran altos sueldos y al Municipio le sale muy caro con las cargas sociales», retumban en los pasillos del EM.

La lupa está puesta sobre la estructura de costos de la política. En línea con este diagnóstico, este medio ya había advertido una situación que ahora cobra relevancia oficial: la existencia de asesores y personal sobrante en el legislativo que, en la práctica, no tienen asignadas tareas laborales reales («sin trabajo alguno»). El mensaje es que allí también «deberán recortar».

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Municipalización vs. Provincia vs. Nación 

Sin embargo, la fuente oficial reveló el verdadero trasfondo de esta crisis: los Municipios están absorbiendo funciones que no les corresponden. Mientras la Nación corta el flujo de fondos y la Provincia tiene sus propias limitaciones, la ventanilla de reclamo que le queda al vecino es la del Intendente.

Un ejemplo gráfico y doloroso es la salud. El Municipio se está haciendo cargo de pagar estudios de alta complejidad, como resonancias, que cuestan alrededor de 100 mil pesos en el sector privado, porque el Hospital Provincial no da abasto o no lo resuelve en tiempo y forma.

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“Al Municipio le piden que resolvamos los problemas de la gente, pero no podemos con todo”, confesó una alta fuente oficial con evidente frustración.

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Aquí radica la paradoja política que denuncia el entorno de Ferrer: los intendentes ponen la cara, gestionan la crisis social y cubren los baches de la salud y la seguridad con recursos propios, mientras que los niveles superiores del gobierno cosechan los frutos políticos. “Políticamente, el esfuerzo es de los Municipios y después ellos ganan las elecciones a costa nuestra”, sentencian.

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Justicia Fiscal: cazar al «vivo»

Para financiar este esquema de resistencia sin asfixiar al vecino de a pie, desde el Palacio Municipal —se promete mesura en las Tasas 2026—, y la Intendencia ha puesto la mira en los grandes contribuyentes.

El cruce de datos con la Provincia destapó una «avivada» millonaria: donde grandes empresas declaraban y pagan el 5% a la Provincia, pero al Municipio solo le tributa por el 0,9%, pero«Mentían en sus declaraciones», aseguran. La fiscalización será implacable. El mensaje es claro: si se le pide austeridad al ciudadano común y eficiencia al funcionario, no se permitirá la evasión de los grandes actores económicos.

Conclusión: El «Plan Motosierra» de Ferrer es una respuesta a dos frentes: el interno, que exige eficiencia y fin de los privilegios (como el ausentismo); y el externo, un grito de advertencia ante un sistema federal que les ha soltado la mano a los municipios, obligándolos a hacerse cargo de todo, pero con la billetera vacía.

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