Denuncian que la caída de Petroquímica no fue una crisis, fue una estafa millonaria planificada
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EMPRESAS / JUDICIALES / Una denuncia penal explosiva destroza el relato de la «inevitabilidad económica». Apuntan a Verónica Vara, dueña del Grupo Piero, por orquestar un «plan criminal» para vaciar la planta de Río Tercero, ahorrarse $9.000 millones en indemnizaciones y tirar a 124 familias por la borda para salvar las ganancias del holding. El conocido abogado riotercerense Carlos Ríos lleva adelante la demanda.
POR LA REDACCIÓN
Lo que ocurrió en julio de 2025 en Río Tercero no fue una desgracia empresarial; según una denuncia que ya reposa en el Juzgado Criminal N° 43 de Capital Federal, fue un robo a mano armada con guante blanco, detalla la parte acusatoria.
La narrativa oficial hablaba de una planta insostenible, víctima de la coyuntura. Pero la realidad que describe la acusación contra Verónica Vara —dueña y señora del Grupo Piero, Suavestar y Canon— es mucho más oscura: Petroquímica Río Tercero (PR3) no murió; la mataron desde adentro.
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Canibalismo corporativo
La presentación judicial de cinco exempleados (uno fallecido) patrocinado por el abogado Carlos Ríos es lapidaria. Describe una maniobra de «vaciamiento intragrupo». Durante años, PR3 fue útil mientras producía TDI barato para los colchones del grupo. Cuando la ecuación cambió y convino importar, la orden desde arriba no fue reconvertir, fue desactivar.
La denuncia sostiene que la empresa fue deliberadamente privada de ingresos y conducida a la insolvencia. No fue el mercado, fue el directorio.
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La matemática de la crueldad
Los números de la supuesta estafa indignan. Según la fiscalía, la maniobra tuvo un objetivo financiero escalofriante:
- Despedir a 124 trabajadores en julio sin pagar un centavo.
- Presentarse en concurso preventivo días después.
- ¿El resultado? Un «ahorro» de $9.000 millones en indemnizaciones y $1.500 millones en salarios caídos.
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Los exempleados, no están en el fuero del convenio colectivo de trabajo del gremio de los Químicos.
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Para los demandantes judiciales, el dato que termina de cerrar la sospecha de dolo es temporal: los balances para pedir el concurso ya estaban certificados antes de echar a la gente. Sabían lo que hacían.
Los despidos no fueron consecuencia de la crisis, fueron el instrumento necesario para licuar pasivos y limpiar la empresa antes de blindarla judicialmente.
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Empresarios ricos, empresas pobres
La figura legal es «tentativa de estafa procesal» y «administración fraudulenta». En criollo: usar a la Justicia para legalizar un saqueo. Mientras el Grupo Piero sigue operando y facturando con sus marcas líderes, la «hermana pobre» de Río Tercero fue sacrificada para absorber las pérdidas.
El escrito judicial plantea que reorganizar un negocio es legal. Lo que es un delito es transferir el costo de tu reestructuración al hambre de tus empleados.
La Justicia ahora tiene la papa caliente. Deberá decidir si lo de Petroquímica fue mala suerte empresarial, o si estamos ante una ingeniería delictiva diseñada para que una de las dueñas más poderosas del país se ahorre miles de millones a costa de la desesperación de Río Tercero. Si esto se prueba, no es una quiebra: es una estafa.
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