El Gobierno disuelve la Agencia Nacional de Discapacidad tras denuncias de coimas y un recorte del 45% en cargos jerárquicos
ACTUALIDAD/ EN LA NACIÓN/ El Gobierno nacional confirmó este martes 30 de diciembre de 2025 la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El anuncio, realizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, marca el fin del organismo creado en 2017 y el traspaso de todas sus competencias al Ministerio de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones.
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La decisión se precipitó tras una serie de denuncias por corrupción y presuntas coimas del 3% que involucran a la gestión del organismo durante el 2024 y 2025.
Se difundieron grabaciones del ex titular, Diego Spagnuolo, que sugerían un sistema de retornos en la compra de medicamentos y contratos con proveedores.
Actualmente hay 10 imputados en una causa federal que investiga una presunta asociación ilícita.
Adorni enumeró fallas graves como pensiones cobradas por personas fallecidas, beneficios otorgados sin respaldo médico y fundaciones que facturaban servicios nunca prestados.
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Cambios en la estructura y «ajuste jerárquico»
El traspaso al Ministerio de Salud no es solo un cambio de nombre, sino una reestructuración profunda:
Recorte político: Se eliminan 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.
Fin de la autarquía: ANDIS dejará de ser un organismo descentralizado con caja propia para pasar a depender directamente de las auditorías de Salud.
Trazabilidad: Se implementará un sistema de control más estricto para garantizar que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios y no se pierdan en «capas burocráticas».
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¿Qué pasará con los beneficiarios y las pensiones?
Una de las mayores preocupaciones es el impacto en quienes reciben asistencia. Según el anuncio oficial:
Continuidad: Adorni aseguró que no habrá recortes masivos ni suspensión de pensiones por la disolución en sí misma.
Auditorías permanentes: Se mantendrán los requisitos actuales, pero habrá revisiones constantes. Aquellos que no cumplan con los criterios (como el 66% de incapacidad laboral o ingresos mínimos) podrían ser dados de baja.
Criterio Sanitario: Las decisiones sobre nuevos certificados o pensiones ahora seguirán protocolos estrictamente médicos bajo la supervisión del Ministerio de Salud.
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Las voces en contra
Desde la oposición y organizaciones civiles han surgido críticas. Algunos sectores sostienen que la disolución busca «borrar huellas» de la investigación judicial en curso, mientras que otros temen que el traspaso a Salud diluya la mirada integral de la discapacidad (social, laboral y educativa) para reducirla a un problema puramente médico.
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