Revés judicial para el Gobierno: frenan el decreto que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario.

 

ACTUALIDAD/ JUDICIALES/ Esta decisión judicial representa un freno significativo a la estrategia presupuestaria del Poder Ejecutivo respecto a las universidades nacionales. El fallo del juez Martín Cormick no solo es una orden de pago, sino un cuestionamiento directo a la facultad del Presidente para suspender leyes mediante decretos.

El núcleo del fallo reside en la pirámide jurídica. El Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.795 para garantizar el financiamiento universitario. El Gobierno, mediante el Decreto 759/2025, decidió suspender su aplicación alegando razones de equilibrio fiscal.

El juez Cormick señala que un decreto no puede anular «per se» una ley vigente, especialmente cuando la ley tiene un objeto tan específico como la recomposición salarial y el sostenimiento de becas en un contexto de alta inflación.

La orden de «cumplimiento inmediato» implica que el Ministerio de Capital Humano (o la cartera correspondiente) debe:

  • Actualizar las partidas: Ajustar los fondos destinados a las universidades según lo que dicta la ley 27.795.

  • Garantizar los salarios: Cubrir la recomposición docente que el Gobierno venía postergando o limitando a aumentos unilaterales por debajo de la inflación.

  • Reactivar becas: Asegurar que los programas de ayuda estudiantil no se vean interrumpidos por falta de presupuesto.

Es importante recordar que una medida cautelar es una decisión provisoria. Su objetivo es evitar que, mientras se discute el fondo de la cuestión (si el decreto es constitucional o no), se produzca un daño irreversible (que los docentes dejen sus cargos o que los alumnos pierdan el año).

Este fallo se da en un momento de máxima tensión entre el sistema universitario y el Gobierno Nacional. Al declarar que el decreto presenta rasgos de ilegalidad, el juez está enviando una señal a otros tribunales donde existen reclamos similares. El Gobierno, por su parte, seguramente apelará la medida ante la Cámara Federal, buscando que se revoque la orden.

 

 

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