Córdoba logra su cifra de homicidios más baja en un cuarto de siglo: ¿Eficacia policial o cambio social?

 

SEGURIDAD / Con una tasa de 2,28 muertes cada 100 mil habitantes, la provincia cerró 2025 con una reducción del 23% en crímenes letales. El éxito en el combate contra las bandas y el robo contrasta con un preocupante aumento de la violencia «vecinal» y familiar.

Por: Redacción Ojo Web. 5 de enero de 2026

Córdoba ha marcado un hito en sus estadísticas criminales. Al finalizar 2025, la provincia registró 90 homicidios dolosos, la cifra más baja desde que el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) tiene registros consistentes en los últimos 25 años. El dato no es menor: implica que, en un año, se evitaron 27 muertes violentas respecto al 2024.

El «Efecto Desarme» y el Plan 90/10

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, atribuyó estos resultados a una estrategia de «asfixia» al delito profesional. La implementación del Plan 90/10 junto a fuerzas federales volcó a la calle un despliegue inédito de Gendarmería y Policía Federal en puntos críticos como Córdoba Capital, Río Cuarto y San Francisco.

Los números del «desarme» son elocuentes: se secuestraron casi 2.500 armas de fuego y más de 3.700 armas blancas. Para la cartera de seguridad, la ecuación es simple: a menor disponibilidad de armas en las calles, menor probabilidad de que un hecho delictivo termine en un funeral.

La paradoja de la violencia: el «deterioro del tejido social»

Sin embargo, detrás del festejo oficial por la caída de los homicidios en ocasión de robo (-67%) y ajustes de cuentas (-73%), emerge una realidad inquietante. Los crímenes vinculados a la violencia urbana crecieron un 42%, mientras que la violencia familiar subió un 9%.

Esto indica que, mientras el Estado ha logrado ser más eficiente persiguiendo al delincuente profesional, no está pudiendo contener el desborde emocional y la falta de resolución pacífica de conflictos entre vecinos y parientes. Hoy, en Córdoba, es más probable morir en una discusión de vereda o en una disputa doméstica que en un asalto.

Impunidad en jaque

Otro dato que sacude el tablero es el 99% de esclarecimiento. En una Argentina donde la justicia suele ser lenta o ciega, la Dirección General de Investigaciones Criminales logró identificar a los autores de casi la totalidad de los crímenes del año.

La única mancha en este boletín de eficiencia es el femicidio de Camila Merlo, ocurrido en noviembre en barrio General Urquiza, que permanece como el único expediente sin culpables identificados.

Balance de 25 años: De la crisis del 2001 a la estabilidad de 2025

Si comparamos la tasa actual () con la del año 2000 (), Córdoba ha reducido la violencia letal a menos de un tercio en dos décadas y media. La provincia se consolida así como uno de los distritos más seguros del país en términos de homicidios, aunque el desafío de cara a 2026 será cómo abordar la violencia «no criminal» que nace de la crisis social y el roce cotidiano.

Por Tito Dagorret / El espejismo de la seguridad: cuando el Estado gana la calle pero pierde el hogar

Los datos fríos del cierre de 2025 en Córdoba invitan, en primera lectura, al descorche oficial. Una tasa de 2,28 homicidios cada 100 mil habitantes no es solo un número; es el registro más bajo en un cuarto de siglo. En un país donde la inseguridad suele ser una herida abierta, que Córdoba haya logrado perforar el piso histórico de violencia letal es un dato que el Ministerio de Seguridad exhibe con legítimo orgullo. Pero, ¿qué nos dicen estos números cuando empezamos a leer la «letra chica» del dolor?

La gestión de Juan Pablo Quinteros ha demostrado que, con recursos, tecnología (mapas de calor) y coordinación federal (Plan 90/10), se puede «gestionar» el delito profesional. La caída estrepitosa de los homicidios en ocasión de robo (-67%) y de los ajustes de cuentas (-73%) confirma que, cuando el Estado satura la calle y saca de circulación casi 7.000 armas, el crimen organizado retrocede. El mensaje es claro: la calle tiene dueño.

Sin embargo, el informe esconde una paradoja trágica. Mientras los delincuentes parecen matar menos, los vecinos y familiares se matan más. El incremento del 42% en violencia urbana y del 9% en violencia familiar es el síntoma de una enfermedad que la policía no puede curar con patrulleros: la degradación absoluta de la convivencia.

Hoy, el «peligro» en Córdoba ha mutado. Ya no es solo el extraño que sale de la oscuridad para robar un celular; es el vecino con el que se comparte una medianera o el pariente sentado a la misma mesa. La violencia se ha vuelto doméstica, caprichosa y, por definición, mucho más difícil de prevenir. El Estado ha sido eficiente para desarticular bandas, pero se muestra impotente ante el «clima de época» —como lo llamó el propio ministro— donde la intolerancia y el deterioro del tejido social convierten cualquier roce en una tragedia.

Otro punto para destacar es el 99% de esclarecimiento. Que casi no haya crímenes sin autor identificado es un avance institucional enorme que combate la impunidad. Pero la impunidad que realmente debería preocuparnos es la social: esa que nos permite normalizar que los conflictos se resuelvan a puñaladas o balazos entre conocidos.

En definitiva, Córdoba cierra un 2025 con calles más controladas, pero con hogares y barrios más fracturados. El éxito estadístico es innegable y debe celebrarse como un triunfo de la política criminal. Pero si la violencia urbana sigue trepando, pronto descubriremos que no hay cantidad de policías suficiente para cuidar a una sociedad que ha olvidado cómo vivir en paz.

La seguridad de 2026 ya no se juega solo en las armerías de la policía, sino en las escuelas, en los centros de salud mental y en la reconstrucción de un pacto de convivencia que parece estar rompiéndose desde adentro.

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