Adriana Carballo
A diferencia de la readecuación realizada en mayo —que se había centrado exclusivamente en recortar gastos para blindar el superávit fiscal—, este nuevo decreto incrementa las partidas destinadas a salarios, previsión social, inteligencia y servicios esenciales, al tiempo que asegura fondos para los vencimientos de la deuda pública.
El texto del DNU detalla un reparto de fondos clave para contener el frente social, educativo y de seguridad del país:
Seguridad Social y Provincias: Se dispuso un fuerte incremento de $409.342 millones destinados a las transferencias que la ANSES realiza para financiar las cajas previsionales de las provincias.
Educación Universitaria: La Secretaría de Educación recibirá un refuerzo clave para recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios. Además, se inyectarán recursos en las Becas Manuel Belgrano (enfocadas en carreras estratégicas) y en la tecnológica estatal EDUC.AR.
Inteligencia: La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) obtuvo una ampliación de $49.261 millones en sus créditos asignados para el año.
Contención Social: La Secretaría de Trabajo contará con fondos garantizados para sostener la continuidad del Monotributo Social, mientras que el Tesoro Nacional sumará $280.510 millones provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado de forma exclusiva al Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
Con esta jugada, el Gobierno busca un equilibrio delicado: mantener las cuentas públicas ordenadas y cumplir con el pago de la deuda, sin asfixiar el funcionamiento operativo de las universidades, los programas sociales de base y las demandas previsionales de las provincias.
