Tito Dagorret
La tensión social y política en torno al polo fabril y productivo de Río Tercero escaló a su punto máximo este lunes.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Río Tercero lanzó una gravísima denuncia pública contra el Gobierno Nacional: acusó a la Casa Rosada de avanzar de manera encubierta, y a espaldas del Congreso de la Nación, en la entrega y privatización de hecho de Fabricaciones Militares S.A.U. a través de un concurso público nacional e internacional que habilita a corporaciones extranjeras a tomar el control de sus cuatro complejos productivos por un período de entre 10 y hasta 35 años.
La advertencia sindical se sustenta en el expediente oficial EX-2026-63682973 (Concurso CPU-2026-SC-001). De acuerdo con el pliego al que tuvo acceso el gremio, el diseño licitatorio otorga al socio privado una participación mínima del 51%, sin fijar un techo máximo, dejándole el monopolio absoluto sobre la gestión operativa, las decisiones productivas y la comercialización en las plantas del país.
Como contrapartida, el esquema impone un polémico compromiso al Estado argentino: se obliga por contrato a no fabricar por cuenta propia los productos contemplados en el acuerdo durante toda la vigencia del régimen. En términos prácticos, el operador privado concentrará la potestad de discontinuar o reconvertir líneas estratégicas sin ningún tipo de blindaje para las unidades de negocio existentes.
El impacto sobre el empleo en la comunidad riotercerense y en los demás complejos militares es uno de los puntos que desató mayor alarma.
El pliego licitatorio carece por completo de cláusulas de estabilidad laboral: no establece pisos de dotación de personal, no exige la continuidad de las fuentes de trabajo y margina a las representaciones gremiales de cualquier mecanismo de consulta previa.
La contradicción legal y económica resulta flagrante: mientras el privado dispondrá de plena discrecionalidad para modificar turnos, organizar tareas y achicar planteles, el Estado nacional continuará figurando como el empleador formal.
En caso de cesantías masivas, el costo de las indemnizaciones no saldrá del bolsillo de las firmas adjudicatarias, sino de los recursos de las arcas públicas.
«Le entregan a un privado el poder de decisión sobre nuestro trabajo y le dejan al Estado la factura de los despidos», fustigó David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero, al alertar sobre el trasfondo de una flexibilización laboral sin precedentes en el área de producción para la defensa.
Más allá de la cuestión laboral y productiva, el nudo central de la denuncia apunta a la pérdida absoluta de soberanía estratégica en un tablero geopolítico internacional signado por la inestabilidad.
Según advirtió el sindicato, la letra chica del pliego autorizaría a un consorcio privado foráneo a confeccionar y comercializar armamento, municiones de diverso calibre y explosivos bajo las patentes, licencias y sellos de Fabricaciones Militares, sin que el Estado argentino retenga el derecho de veto sobre los destinos finales ni sobre los destinatarios del material bélico.
«Estamos entregando la posibilidad de que se fabriquen armas con nuestra marca en cualquier parte del mundo y que terminen en manos que después no vamos a poder controlar», puntualizaron desde la conducción sindical.
El sindicato enmarcó este escenario en la disputa constante en el Atlántico Sur y la Causa Malvinas, remarcando que Argentina no puede resignar su autoabastecimiento defensivo en la Patagonia y la Antártida. En ese sentido, Salto trajo a la memoria el valor histórico de la planta local: «Cuando Fabricaciones Militares abastecía a nuestro Ejército, como en Malvinas en 1982, el pertrecho que defendió las islas fue producido con manos argentinas, más precisamente laburantes de fabricaciones militares. Si perdemos esta fábrica, vamos a quedar desarmados para defender nuestra propia tierra».
Frente a lo que definen como una maniobra para sortear el orden republicano, desde ATE Río Tercero intimaron al cese inmediato de la licitación. Argumentan que el concurso colisiona de frente con dos normas sancionadas por el Parlamento: las Leyes N.° 27.141 (2015) y N.° 27.742 (2024), las cuales excluyeron de manera taxativa a Fabricaciones Militares de la lista de empresas sujetas a privatización.
Bajo este cuadro de situación, la seccional convocó a los demás sindicatos de la región, a los legisladores nacionales de todos los bloques y a la comunidad de Río Tercero a ponerse en estado de alerta y movilización para frenar lo que consideran un desguace planificado del patrimonio nacional.
