Perros potencialmente peligrosos: ¿una ordenanza que previene o que solamente sanciona?

La prevención de ataques debe ser una prioridad. Sin embargo, considero que el proyecto presenta importantes falencias que deben ser revisadas para lograr una normativa verdaderamente eficaz.

En primer lugar, la peligrosidad de un perro no puede determinarse exclusivamente por su raza, tamaño o apariencia física.

Su comportamiento depende de múltiples factores, entre ellos la crianza, socialización, antecedentes de agresividad y responsabilidad de sus tenedores. Estigmatizar determinadas razas no constituye, por sí solo, una política efectiva de prevención.

Pero existe una cuestión todavía más importante: ¿cómo garantizará el municipio la seguridad de los vecinos?

El proyecto establece registros, obligaciones, uso de bozal y multas, pero no desarrolla suficientemente protocolos de intervención ante situaciones de riesgo, evaluaciones conductuales profesionales ni mecanismos de seguimiento frente a denuncias reiteradas.

La seguridad no se garantiza solamente sancionando después de un incidente, sino actuando responsablemente para evitar que ocurra.

Otro aspecto preocupante es el destino de los perros encontrados en la vía pública cuyos propietarios no puedan ser identificados.

¿Quién se hará responsable de esos animales? ¿Dónde serán alojados? ¿Quién garantizará su alimentación, atención veterinaria y evaluación conductual?

Actualmente, Río Tercero no cuenta con un espacio físico municipal destinado a esa finalidad. Los dos refugios existentes pertenecen a instituciones privadas, cuya tarea solidaria no puede transformarse automáticamente en una obligación de suplir las responsabilidades del Estado.

El proyecto contempla la retención y eventual castración de animales, pero no establece suficientemente qué sucederá después con ellos.

La vida y la integridad del animal también deben ser protegidas. Su raza, la ausencia de un propietario identificado o la falta de infraestructura municipal no pueden justificar por sí solas su sacrificio o abandono. Toda intervención debe realizarse con criterios veterinarios, garantías adecuadas y respeto por su bienestar.

Asimismo, una ordenanza necesita recursos, infraestructura y presupuesto, no solamente obligaciones y sanciones. Resulta indispensable determinar qué organismo intervendrá, con qué profesionales y dónde permanecerán los animales que deban ser resguardados.

Multas de más de $2 millones y castración de oficio: cómo es la ordenanza contra perros peligrosos que ingresó al Concejo

Río Tercero necesita avanzar hacia una política integral de tenencia responsable, que incluya educación, identificación, vacunación, castraciones, prevención del abandono, controles efectivos y participación de profesionales veterinarios y organizaciones proteccionistas.

No se trata de oponerse a una regulación necesaria, sino de procurar que sea razonable, aplicable y verdaderamente preventiva.

La seguridad de los vecinos y la protección de los animales no son intereses contrapuestos. Son responsabilidades que el Estado debe asumir de manera conjunta.

Porque una multa no repara las consecuencias de un ataque, como tampoco una ordenanza puede desentenderse del destino de un animal que ha sido retirado de la vía pública.

La verdadera prevención no consiste solamente en señalar qué perros pueden ser peligrosos, sino en establecer qué debe hacer el Estado para evitar que ese peligro se convierta en una tragedia.

No alcanza con legislar sobre la peligrosidad de los perros; también es necesario establecer las responsabilidades concretas del municipio para proteger a toda la comunidad, incluidos los animales.