Tito Dagorret
El Juzgado Federal de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, confirmó una noticia de hondo impacto para los derechos humanos y la memoria de nuestra región: la identificación de los restos de ocho personas que permanecían desaparecidas desde 1976.
Las tareas, encabezadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se desarrollaron en la zona de Loma del Torito, un predio aledaño al centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Perla.
Con estos peritajes, ya suman 38 los cuerpos restituidos en el marco de las excavaciones iniciadas en septiembre del año pasado.
Formada en sus primeros años en Río Tercero como perito mercantil y profesora de piano, Cecilia completó luego sus estudios universitarios graduándose como licenciada en Psicología.
Quienes compartieron claustros y espacios de trabajo la recuerdan por su marcada vocación social y su militancia en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
Casada con Benjamín Ávila, tuvieron una hija. El matrimonio fue blanco directo del terrorismo de Estado en agosto de 1976: su esposo fue asesinado el 13 de agosto de ese año y Cecilia fue secuestrada al día siguiente, en presencia de su pequeña hija.
La tragedia tuvo un correlato inmediato en Río Tercero. Cuando los padres de Cecilia acudieron a la comisaría de nuestra ciudad a radicar la denuncia por la desaparición de su hija, las fuerzas represivas secuestraron allí mismo a su padre. El hombre fue trasladado al Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba, donde fue sometido a días de torturas sistemáticas.
El trabajo del EAAF avanza en una labor técnica minuciosa sobre miles de restos óseos fragmentados. El caso de estas ocho víctimas —cuatro mujeres y cuatro hombres secuestrados en distintas fechas de 1976 sin vínculos operativos directos— refuerza una línea de investigación central: los enterramientos clandestinos fueron removidos con maquinaria pesada a comienzos de 1979 ("Operación Zanahoria"), una maniobra orquestada por el régimen para borrar rastros ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de ese año.
La sobreviviente Graciela Geuna, una de las impulsoras de la querella de familiares que sostiene las excavaciones en terrenos del Ejército, sintetizó la importancia del proceso: no es posible consolidar la vida democrática arrastrando el peso de los cuerpos insepultos.
Además de Pessina, el informe judicial y pericial confirmó la identidad de otras siete personas:
Néstor Albino Acosta (21 años): Trabajador ferroviario del Ferrocarril Mitre —oficio que heredó de su padre— y estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Secuestrado el 16 de junio de 1976 en barrio Talleres Sud.
Pascual Delfín Ludueña (29 años): Obrero de FIAT Concord y delegado sindical fabril. Fue secuestrado el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976.
Claudio Norberto Nardini (34 años): Empleado y militante gremial de la planta Sancor, asmático y reconocido por sus compañeros por traducir manuales técnicos del inglés. Secuestrado el 23 de abril de 1976 en su domicilio sobre el Camino a Monte Cristo; testimonios dan cuenta de su fallecimiento bajo tormentos.
Mónica Protti de Guillén (24 años): Nacida en Río Cuarto, maestra normal y estudiante de Medicina en la UNC, militante del Partido Comunista. Fue secuestrada junto a su esposo, Enrique Guillén, el 21 de septiembre de 1976 en barrio Villa Belgrano.
Mercedes del Valle Ramírez (21 años): Cursaba cuarto año de la escuela secundaria y trabajaba en un comercio de lanas. Fue secuestrada el 3 de julio de 1976 de su vivienda familiar.
María Luisa Salto (20 años): Oriunda de Cipolletti (Río Negro), estudiante de tercer año de Medicina en la UNC y militante de la JUP. Fue secuestrada el 28 de julio de 1976 y compartía cautiverio en La Perla con Graciela Geuna antes de su fusilamiento.
Juan Carlos Soulier (23 años): Oriundo de La Rioja, electricista y estudiante de Ingeniería de la Construcción en la UTN regional Córdoba. Militaba en los Comandos Populares de Liberación (FAL 22). Fue secuestrado el 15 de agosto de 1976 junto a su esposa, Adriana Díaz Ríos, y el hijo de ambos, Sebastián, de apenas cinco meses. El bebé fue recuperado por sus abuelos y actualmente forma parte de la querella que impulsa los rastrillajes.
Durante el anuncio, el magistrado recordó asimismo el caso de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau (22 años, empleado de Ika-Renault y estudiante de Psicología), secuestrado en barrio Alberdi en mayo de 1976 y cuyo cotejo genético había sido informado preliminarmente meses atrás.
Casi cinco décadas después del golpe, la labor científica y judicial continúa cerrando duelos suspendidos y restituyendo la identidad a las víctimas de la represión en Córdoba, devolviéndole a Río Tercero la certeza sobre el destino final de una de sus hijas.
