Tito Dagorret
Lauro Ceballos y el abogado Franco Garbarino, ambos vecinos y damnificados del loteo, describieron una realidad indignante.
A pesar de que el proyecto se vendió con promesas de servicios completos, la realidad al subir por la calle Esmeralda es desoladora:
Oscuridad total: De las numerosas manzanas del loteo, solo dos tienen suministro eléctrico. Hay familias viviendo "al fondo" del barrio en total oscuridad, ya que la cooperativa no avanza con las obras debido a pagos pendientes del loteador.
Calles intransitables: Ante la falta de mantenimiento, los propios vecinos han tenido que pagar de sus bolsillos camiones de piedra (con costos superiores a los $200.000 por carga) para poder ingresar a sus hogares los días de lluvia.
Inseguridad y abandono: Con malezas que superan el metro de altura y una iluminación pública inexistente, el barrio se ha convertido en una "boca de lobo" donde la seguridad depende exclusivamente de las alarmas y reflectores solares que los vecinos instalan por cuenta propia.
El abogado Garbarino fue tajante al comparar esta situación con otros escándalos inmobiliarios de la ciudad: "Estamos ante la premisa de lo que pasó con Márquez. Esto empezó con incumplimientos contractuales y se está convirtiendo en una bola de nieve".
Lo más grave es la incertidumbre jurídica. Según denunciaron, los contratos de compra-venta no estipulaban plazos de entrega claros, una táctica que el desarrollador estaría usando para evadir responsabilidades.
Sin embargo, la justicia podría intervenir bajo el concepto de "plazos tácitos", dado que han pasado casi 8 años sin avances significativos.
"Es indigno que haya gente viviendo sin luz en 2026. Esto es un fraude al sentimiento de la casa propia".
La polémica crece al revelarse que, aunque el loteador alega falta de fondos por morosidad de algunos compradores, los vecinos aseguran que casi todas las etapas están vendidas.
La pregunta que flota en el aire es simple: ¿A dónde fueron a parar los fondos destinados a la infraestructura?
Mientras tanto, los vecinos ya han enviado más de 25 cartas documento que regresaron rebotadas porque el domicilio legal de Corondas figuraba como "inexistente". Ante este escenario, la comunidad de Valle del Río ya prepara una denuncia penal conjunta para exigir lo que por derecho les pertenece.
