Adriana Carballo
Durante el encuentro, la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas aprobó una resolución conjunta para exigir a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen la iniciativa en el Congreso, tras advertir que la eliminación de este beneficio se traducirá en un "golpe directo al bolsillo" de más de 600 mil familias cordobesas.
De acuerdo con los informes técnicos presentados en la reunión, la derogación o alteración del esquema actual provocaría aumentos masivos de entre el 42% y el 100% en las facturas de gas por red. Actualmente, el 87% de los usuarios residenciales de la provincia —lo que equivale a más de 2,2 millones de habitantes— cuenta con este beneficio territorial.
Del total de 688 mil hogares alcanzados, unos 280 mil reciben un descuento del 30% en sus tarifas, mientras que otras 408 mil familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica acceden a una bonificación del 50%. Las autoridades advirtieron que la pérdida de estos subsidios profundizará la "pobreza energética", afectando severamente a jubilados y trabajadores durante los meses de invierno.
El gobernador Llaryora destacó la madurez política de los mandatarios locales para fijar una postura común y defendió el carácter federal del reclamo. “Córdoba muestra que se puede llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Acá no promocionamos la grieta”, afirmó el mandatario, quien además chicaneó a los funcionarios nacionales: “Dicen que Córdoba no es zona fría; los invito a que vengan a las Altas Cumbres o a San Agustín con temperaturas de 6 grados bajo cero a ver si no hace frío”.
Llaryora instó a los legisladores nacionales de la provincia a defender los intereses locales por encima de las disciplinas partidarias. “¿Qué legislador cordobés puede votar algo que perjudique a dos millones de habitantes? Nos sacaron el transporte y la energía, y ahora pretenden eliminarnos este beneficio de un plumazo”, recriminó.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, señaló que la resolución sintetiza el reclamo de más de 230 intendentes del sur provincial y exigió que cualquier reforma estructural del sistema de tarifas sea debatida en una instancia federal con la participación de las provincias, los municipios y los organismos técnicos.
El rechazo al proyecto nacional unió a referentes de diversos signos políticos. Rubén Dagún, intendente de Almafuerte y presidente del Foro de Intendentes Radicales, valoró el debate plural y alertó que la quita del subsidio "dejaría a gran parte de los hogares y a la producción de zonas importantes sin un valor agregado indispensable".
En la misma línea, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, rescató la visión compartida sin distinción de escalas urbanas ni partidos. “Como intendentes, debemos defender ante nuestros vecinos aquello que ha sido fruto de mucho tiempo de lucha y de exigir equidad a la Nación”, concluyó.
La reunión contó además con la presencia de ministros del gabinete provincial y un nutrido grupo de intendentes de localidades como Villa General Belgrano, Morteros, Tanti, Vicuña Mackenna y Salsacate, consolidando un bloque de resistencia civil y política ante las medidas de ajuste del Gobierno central.
