Adriana Carballo
El plan, que forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca avanzar hacia un sistema más simple y eficiente, pero bajo la estricta condición de mantener el déficit cero. En este sentido, desde el oficialismo advierten que el Gobierno sigue "ajustado de caja", por lo que cualquier rebaja impositiva de peso estará supeditada a un mayor recorte del gasto o a un repunte definitivo de la actividad económica.
Uno de los puntos más sensibles de la primera etapa del proyecto es la reforma del Monotributo. Puertas adentro del Ejecutivo consideran que el régimen actual está "quebrado" debido a que genera incentivos distorsivos: empuja a los contribuyentes a no crecer, a fragmentar sus actividades o a evitar el salto al régimen general para no enfrentar una carga impositiva asfixiante.
La estrategia oficial no contempla un cambio de shock, sino un ordenamiento gradual para facilitar la transición hacia Autónomos, IVA y Ganancias, reduciendo los saltos bruscos entre categorías. Dada la sensibilidad electoral de este universo —que abarca a millones de profesionales, comerciantes y pequeños prestadores de servicios—, en la Casa Rosada se esfuerzan por aclarar que se tratará de una medida de ordenamiento y simplificación, y no de una suba de impuestos.
Para no desestabilizar la recaudación, la hoja de ruta que evalúa el Ministerio de Economía divide los cambios en proyectos distintos:
Primera etapa: Medidas de simplificación, revisión de beneficios fiscales, ajustes sobre regímenes especiales y la reforma del Monotributo.
Etapas posteriores: Las bajas impositivas más costosas y reclamadas por el sector privado —como la reducción profunda de retenciones, el impuesto al cheque o una reforma amplia del IVA— quedarán postergadas hasta que el margen fiscal lo permita y se avance en la negociación con los gobernadores por Ingresos Brutos y tasas municipales.
Esta lógica responde en sintonía a los pedidos del FMI, organismo que viene reclamando una reforma fiscalmente neutra. Esto significa que la reducción de los llamados "impuestos distorsivos" debe compensarse obligatoriamente con la ampliación de la base imponible, la eliminación de exenciones o nuevos recortes en el gasto público. El Gobierno busca mostrar previsibilidad ante los mercados y el organismo multilateral, pero dejando en claro que la consolidación del superávit es la prioridad absoluta.
