Tito Dagorret
Sin embargo, a partir de 2024, esa inercia positiva no solo se detuvo, sino que fue sistemáticamente desmantelada. Lo que estamos presenciando hoy, a mediados de 2026, no es una "crisis inevitable", sino un proceso de vaciamiento ejecutado con precisión quirúrgica, donde la desinversión y el abandono se disfrazan tras una narrativa de "reactivación".
Los números de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) son implacables. Si bien la gestión 2020-2023 entregó una empresa equilibrada, el bienio 2024-2025 marcó un quiebre estructural.
Por primera vez en años, la empresa no solo dejó de ser autosustentable, sino que ni siquiera la asistencia del Tesoro logró cubrir el rojo operativo.
¿Cómo se explica esta caída? No es por falta de demanda. Mientras el mercado de defensa y seguridad reclamaba insumos, la conducción optó por la inacción.
La negativa deliberada a presentarse en licitaciones estratégicas —como las de la Provincia de Buenos Aires, donde existían altas probabilidades de ganar por precio— resultó en una pérdida de ingresos estimada en US$ 27 millones, cifra equivalente a toda la facturación de 2024 y 2025.
Esta caída de ventas fue acompañada por una política de desguace: la entrega del complejo minero Capillitas (valuado en más de US$ 1.700 millones) a la provincia de Catamarca y el cierre de proyectos con alto potencial comercial, como la planta de emulsiones en San José de Jáchal, demuestran que el objetivo no era el ahorro, sino la despatrimonialización.
Un dato resulta especialmente revelador del espíritu de esta gestión: mientras se aplicaban retiros voluntarios y se reducía la dotación de personal operativo con la excusa de la "eficiencia", la masa salarial de la empresa se disparó.
La explicación es sencilla: la reorganización del organigrama permitió una expansión desmedida de la alta gerencia. Mientras el personal de planta disminuía, los costos de la cúpula ejecutiva se multiplicaron por seis. Se utilizó el presupuesto destinado a desvinculaciones —que terminó costando el triple de lo proyectado— para financiar una estructura burocrática privilegiada que hoy lidera la empresa.
En los últimos meses, hemos asistido a una serie de anuncios sobre una supuesta "vuelta" de Fabricaciones Militares, centrada en la búsqueda de alianzas con empresas globales.
Sin embargo, al analizar los detalles, la propuesta resulta inconsistente: se busca una inversión privada de hasta US$ 500 millones a cambio de la gestión de la empresa por tres décadas.
La cifra es irrisoria. Por una fracción del valor de un solo activo que la actual gestión ya cedió (Capillitas), se pretende entregar el control de una capacidad estratégica nacional.
El cambio de figura jurídica a Sociedad Anónima Unipersonal, concretado en 2025, no fue un trámite burocrático, sino la llave maestra para habilitar esta entrega sin pasar por el filtro del Congreso.
La secuencia es clara para cualquier observador atento: primero se crea una crisis artificial mediante la parálisis productiva y el despilfarro gerencial; luego, se presenta el deterioro como evidencia de que "la empresa no sirve"; y, finalmente, se utiliza ese diagnóstico como justificación para una privatización a precio de remate.
Fabricaciones Militares no es solo una hoja de balance; es un pilar de la autonomía nacional. Lo que ha ocurrido desde 2024 no es el fracaso de una gestión pública, sino la decisión política de desmantelar una capacidad que, con voluntad y orden, había demostrado ser un motor de soberanía y desarrollo.
