Tito Dagorret
El derrotero que hoy coloca a Petroquímica en el silencio operativo comenzó hace más de 24 meses.
Factores externos como la suba de costos energéticos, las asimetrías impositivas frente al ingreso de insumos importados y la falta de inversiones estratégicas de modernización tecnológica erosionaron los márgenes de rentabilidad de la planta.
Eso, sumado al manejo discrecional de sus propietarios de descapitalizar su capital y volcar esas inversiones en otros negocios, es el combo perfecto para una empresa en caída libre.
En las instalaciones producticas locales, las líneas de producción fueron reduciendo su marcha progresivamente hasta detenerse por completo.
Con las chimeneas apagadas desde hace meses y sin generar volumen comercial, la compañía ingresó en un estrangulamiento financiero irreversible.
Eugenio Biafore sobre Petroquímica: "Es la cara anticipada del país de la reforma"ación al veganismoLa falta de competitividad frente a las dinámicas del mercado internacional dejó a la administración local sin liquidez y con un pasivo asfixiante, desembocando inevitablemente en los tribunales mediante el pedido de concurso preventivo.
La peor cara de esta parálisis recae sobre las familias trabajadoras. En el transcurso de este prolongado ciclo de ajuste, la compañía implementó retiros voluntarios, cesantías y esquemas de desvinculaciones que los sindicatos del sector califican directamente de desguace planificado.
A lo largo de los últimos meses, el conflicto laboral escaló hasta la delegación del Ministerio de Trabajo con intimaciones, dictados de conciliaciones obligatorias y reclamos gremiales por la inmediata reincorporación de los despedidos.
Pese a eventuales treguas administrativas y reincorporaciones transitorias dictadas bajo presión sindical, la constante sigue siendo la incertidumbre: la pérdida de personal de oficio calificado y de técnicos con décadas de trayectoria no solo agrava la desocupación local, sino que compromete la propia operatividad y los estándares de seguridad industrial en una planta de alta complejidad hoy en punto muerto.
Frente al deterioro ininterrumpido del sector, las promesas gubernamentales no tardaron en aparecer, aunque su impacto real terminó siendo nulo. Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, de la mano del secretario de Desarrollo Sostenible, Juan Carlos Scotto, se impulsaron pomposas convocatorias para tejer supuestas «alianzas público-privadas» junto a gigantes fabriles como Atanor, PR3 y Fabricaciones Militares bajo la promesa de reactivar y devolverle competitividad al polo químico.
Sin embargo, aquellas mesas de trabajo y fotos institucionales terminaron desvaneciéndose en meras declaraciones protocolares.
Lejos de concretar la llegada de inversiones genuinas, soluciones energéticas de fondo o un verdadero blindaje productivo, la gestión provincial falló estrepitosamente en su intento por resucitar el complejo fabril.
En las plantas fabriles el desencanto es total: los discursos oficiales sobre sustentabilidad e innovación chocaron de frente contra la realidad de una industria con las máquinas paradas y no pudieron evitar que la crisis terminara por estallar en los estrados judiciales.
La apertura del proceso concursal ha encendido todas las alarmas en el ámbito comercial y bancario. En los papeles, la convocatoria de acreedores funciona como un recurso legal para congelar embargos, renegociar plazos y blindar a la empresa de una quiebra inminente mientras la planta continúa sin actividad.
Sin embargo, en el ámbito gremial y vecinal la lectura es mucho más amarga: temen que el expediente judicial termine siendo la antesala de una liquidación por partes o la justificación para ejecutar un achique masivo irreversible.
El impacto indirecto ya golpea a los talleres metalúrgicos, empresas de transporte, firmas de servicios de mantenimiento y pequeños proveedores de la cuenca riotercerense, que quedan atrapados en la cadena de impagos.
Para Río Tercero, el dilema va mucho más allá de un balance contable: la actividad química es identidad, fuente de sustento y columna vertebral del comercio y los servicios urbanos.
Con los plazos concursales en marcha, la planta sin producir desde hace meses y las promesas políticas reducidas a papel mojado, la resolución de este conflicto definirá si Petroquímica logra una reestructuración genuina que reactive las máquinas y preserve el empleo, o si, por el contrario, los males liberados al abrirse la caja de Pandora terminarán consumiendo el último vestigio del esplendor industrial de la región.
