Guía legal sobre alimentos: qué contempla la ley, cómo se fijan los montos y cuándo interviene la Justicia

¿Qué contempla la cuota y quién debe abonarla?

La letrada explicó que la cuota alimentaria se enmarca dentro de un plan integral de parentalidad. En términos generales, cuando los progenitores se separan y el menor reside con uno de ellos, el progenitor no conviviente asume la obligación económica directa.

No obstante, el Código Civil y Comercial establece que ambos progenitores están obligados al sostenimiento de los hijos de forma equivalente. El concepto legal de alimentos va mucho más allá de la comida e incluye:

• Vivienda y vestimenta.
• Educación y formación.
• Esparcimiento y vida social.
• Gastos médicos y extraordinarios que surjan durante el crecimiento.

Díaz subrayó que las tareas de cuidado cotidiano que ejerce el progenitor conviviente tienen un valor económico computable: «El que convive con el niño afronta gastos diarios de bolsillo que muchas veces no se anotan, y además aporta el cuidado, lo cual tiene un peso económico equivalente al trabajo de una niñera».

Parámetros de cálculo y medidas ante el trabajo no formal

Ante la creencia general de que la ley fija un monto exacto, la especialista aclaró que la legislación de fondo no estipula un porcentaje cerrado, sino que este surge de la jurisprudencia, el nivel de ingresos y las necesidades específicas del menor.

• En salarios en blanco: Los acuerdos y resoluciones judiciales suelen fijar entre un 20% y un 30% de los ingresos netos del obligado. Dicho porcentaje puede alcanzar un 35% o más en casos excepcionales (como problemáticas de salud crónica o discapacidad) o frente a un mayor número de hijos. Cabe destacar que el descuento impacta también sobre aguinaldos, premios y adicionales de recibo de sueldo.

• En trabajadores independientes o no registrados: En situaciones donde el progenitor trabaja de manera informal, monotributista o como responsable inscripto, la Justicia suele recurrir a parámetros objetivos como la Canasta de Crianza del INDEC y esquemas vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de forma provisoria: un salario mínimo por un hijo, un salario y medio por dos hijos, o hasta dos salarios mínimos por tres hijos, mientras se aportan pruebas patrimoniales.

Plazos de vigencia: desde la gestación hasta los 25 años

La obligación alimentaria presenta diferentes etapas de exigibilidad:

1. Personas por nacer: La cobertura abarca desde el embarazo para solventar los gastos de gestación.

2. Hasta los 18 años: El reclamo lo ejerce en representación el progenitor a cargo del menor.

3. De los 18 a los 21 años: El hijo adquiere la mayoría de edad y puede reclamar por derecho propio o mediante su progenitor conviviente.

4. Hasta los 25 años: La obligación se extiende si el hijo se encuentra cursando estudios terciarios o universitarios que le impidan autosustentarse. Dicha obligación cesa si el hijo contrae matrimonio o concluye su etapa formativa.

Tiempos judiciales y mediación extrajudicial

Al evaluar el servicio de justicia local, Díaz remarcó la importancia de priorizar los acuerdos extrajudiciales sobre el litigio contencioso. Señaló que en juzgados multifuero los procesos pueden sufrir demoras burocráticas que perjudican la inmediatez de las medidas cautelares:

«Siempre trato de que las partes lleguen a un acuerdo y no judicializar el conflicto de entrada. Judicializar implica desgastes, costas y demoras. En temas de familia, el paso del tiempo altera situaciones y el interés superior siempre debe ser el bienestar del niño».

Consecuencias ante el incumplimiento: Registro de Deudores

Para los casos en que la cuota homologada o sentenciada no se paga, existen mecanismos de cobro compulsivo e intimación. Además del embargo y retención directa de haberes por recibo de sueldo, opera la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Estar inscripto en dicho registro acarrea severas restricciones civiles y administrativas, tales como la imposibilidad de tramitar cargos públicos, restricciones para salir del país o limitaciones para ingresar a eventos deportivos de concurrencia masiva.