Tito Dagorret
La política argentina se acostumbró a jugar en el fango de las redes sociales, pero a veces, el barro salpica tan fuerte que termina en los tribunales.
El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer pateó el tablero y radicó una denuncia judicial tras ser el blanco de una burda fake news que le adjudicaba declaraciones falsas sobre su patrimonio.
El entorno de Ferrer declaró al portal de noticias que no posee propiedad alguna en Miami.
La Justicia ya interviene. El fiscal de turno tendrá la tarea de determinar si la maniobra configura los delitos de injurias o calumnias. Pero más allá del código penal, este caso abre una grieta incómoda y sumamente polémica sobre el ecosistema digital en el que vivimos.
Lo verdaderamente disruptivo —y lo que ya genera sudor frío en más de un búnker político y comunitario— es que la presentación judicial no va solo contra el cerebro que inventó la mentira, sino contra quienes la compartieron y la viralizaron.
¿Somos responsables penalmente de lo que replicamos con un click?
Para el entorno de Ferrer, la respuesta es un rotundo sí. Sostienen que difundir información falsa, sin pruebas, daña la honorabilidad de las personas y que la libertad de expresión no puede ser un escudo para la difamación gratuita.
Desde esta perspectiva, el usuario de redes sociales ya no puede alegar "ingenuidad": si compartís una mentira para destruir la reputación de alguien, sos cómplice.
Por supuesto, la polémica está servida. Quienes miran de reojo este tipo de ofensivas judiciales advierten sobre el "efecto disciplinador".
Nadie defiende la mentira explícita, pero en el terreno de la política, la línea entre la fake news deliberada y la libre opinión suele ser peligrosamente delgada.
El caso de Marcos Ferrer no es aislado, pero marca un precedente. Desnuda una realidad innegable: las redes sociales se han convertido en armas de destrucción masiva de reputaciones.
El anonimato de las pantallas y la velocidad del algoritmo premian el escándalo y castigan la verdad.
La Justicia de Río Tercero ahora tiene la pelota en su cancha. De su rigurosidad dependerá si esto se convierte en un límite sano contra la fábrica de mentiras o en un antecedente que restringirá el debate público.
Lo único seguro es que el "vale todo" digital acaba de recibir una notificación judicial. Y la política, de un lado y del otro del mostrador, ya empezó a tomar nota.
