Tito Dagorret
CÓRDOBA — La paralización parcial de los tribunales provinciales mantiene en vilo al sistema de justicia local. Con una medida de fuerza que se extiende por 60 horas —y que concluirá este viernes a la medianoche—, los empleados judiciales profundizan su plan de lucha ante el marcado desfasaje de sus haberes.
En medio de este escenario, María Susana Bossa, Presidenta del Colegio de Abogados de la 10ma. Circunscripción de la provincia de Córdoba, dialogó con El ojoweb Justo Dagorret y analizó la gravedad de la crisis, señalando la falta de canales de diálogo con el Ejecutivo provincial y el Tribunal Superior de Justicia.
El núcleo del conflicto radica en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales. Según explicó Bossa, el sector arrastra sueldos calificados como "magros" frente a la inflación, a lo que se suma un factor determinante: los elevados descuentos aplicados en concepto de aportes jubilatorios y para la obra social APROS.
Ante este panorama, la demanda central de las bases no es otra que la equiparación salarial con los haberes de la justicia federal, una exigencia histórica que cobra mayor fuerza ante la presión impositiva y prestacional que sufren los empleados en el ámbito provincial.
Uno de los puntos más alarmantes que dejó la charla periodística es el hermetismo institucional y la falta de voluntad política para sentarse a negociar.
“No existen señales claras de acercamiento para destrabar el conflicto esta semana”, lamentó Bossa, evidenciando la preocupación compartida por los operadores del derecho ante la total ausencia de una mesa de diálogo efectiva entre el poder ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia y los representantes gremiales.
Ante este vacío, los 11 Colegios de Abogados de la provincia —articulados a través de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (FECACOR)— tomaron cartas en el asunto.
Actualmente, se encuentran realizando gestiones formales para ser recibidos de manera urgente por el gobernador provincial, con el objetivo de plantear la gravedad de la situación y buscar una salida institucional al conflicto.
La medida de fuerza, que profundiza las acciones iniciadas antes de la feria judicial, genera un cuello de botella inocultable en el funcionamiento cotidiano de los tribunales cordobeses.
Para los profesionales de la abogacía, la paralización se traduce en una demora directa en la percepción de honorarios y la imposibilidad de avanzar con el ejercicio liberal de la profesión. Sin embargo, Bossa puso el foco principal en la ciudadanía:
"Los ciudadanos que tienen causas en curso sufren las consecuencias al no obtener resultados en los tiempos esperables, lo que genera una situación compleja tanto para los justiciables como para los abogados".
Dado que el plan de lucha gremial está ratificado hasta la medianoche del viernes, desde el sector de la abogacía descartan un restablecimiento de la normalidad en la actividad judicial durante los próximos días.
Si bien prevalece el deseo de alcanzar una solución coherente y favorable para las partes, el horizonte inmediato sigue marcado por la incertidumbre y la falta de un canal de negociación formal que devuelva la paz a los tribunales cordobeses.
