JUDICIALES

La alerta en dos fiscalías: la naturalización de la violencia digital en las escuelas

JUDICIALES /  La noticia que sacudió en las últimas horas a Río Tercero encendió una alarma que ya no se puede postergar ni minimizar: la presunta alteración de imágenes de alumnas mediante inteligencia artificial para su difusión en grupos de mensajería.
 
Lo que para algunos jóvenes pudo haber comenzado bajo la falsa excusa de una «broma pesada» o una simple travesura tecnológica, constituye un ataque directo a la intimidad, a la dignidad y a los derechos de niñas y adolescentes.
IA
Frente a la gravedad del hecho, la respuesta institucional merece destacarse: la institución educativa activó de inmediato los protocolos de protección de derechos, y la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo del Dr. Nicolás Torres, actuó con celeridad ordenando allanamientos nocturnos y el secuestro de dispositivos para peritaje.

Con la intervención de la Justicia Penal Juvenil y organismos de niñez, el marco legal avanza; sin embargo, la vía penal llega siempre cuando el daño ya está consumado.

Lo más alarmante es que no se trata de un episodio excepcional: en la Fiscalía de Instrucción N° 1, ahora a cargo del Dr. Leonardo Galanti, se investiga un caso de similares características.

La existencia de más de una causa abierta bajo este mismo patrón revela un síntoma social y cultural preocupante en la ciudad: la naturalización de la violencia digital y el uso desaprensivo de herramientas tecnológicas complejas entre adolescentes.

El verdadero interrogante interpela a la comunidad en su conjunto: ¿qué estamos haciendo como sociedad frente al acceso irrestricto a estas herramientas digitales sin un acompañamiento ético acorde?

Hoy la inteligencia artificial permite crear contenidos hiperrealistas (o deepfakes) al alcance de un clic desde un teléfono celular.

 No obstante, la tecnología nunca es neutral en sus consecuencias humanas. La creación y difusión no consentida de material íntimo o manipulado genera secuelas emocionales profundas, estigmatización y vulnerabilidad en víctimas que, en su mayoría, transitan etapas formativas sensibles.

Asimismo, cabe reflexionar sobre el rol de quienes integran los grupos de mensajería: el silencio, la complicidad del reenvío o la simple curiosidad morbosa multiplican la violencia.

Como bien recordó la Fiscalía, almacenar, reenviar o publicar este tipo de contenidos no solo amplifica el sufrimiento de las personas afectadas, sino que puede configurar un delito. La responsabilidad no termina en quien genera la imagen; también alcanza a quien no pone un freno en la cadena de difusión.

Estos episodios no deben transformarse en un espectáculo sensacionalista ni en una caza de brujas mediática.

El resguardo estricto de la identidad de las y los menores y de los establecimientos escolares involucrados es una obligación legal y moral innegociable. La conversación que debemos darnos no pasa por señalar con el dedo morbo mediante, sino por abrir debates urgentes en las mesas familiares y en las aulas.

Hablar de consentimiento, de privacidad y de empatía digital ya no es optativo. Con dos fiscalías locales interviniendo en hechos análogos, queda en evidencia que la inteligencia artificial llegó para quedarse y transformar nuestro entorno, pero si no formamos en valores humanos básicos para convivir con ella, seguiremos pagando costos demasiado altos a expensas de la integridad de nuestras infancias y juventudes.

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