Adriana Carballo
Una nueva tormenta política y judicial sacude al entorno de La Libertad Avanza. La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, radicó una denuncia penal con el objetivo de determinar si existieron irregularidades y beneficios indebidos en la asignación de créditos de alto monto por parte del Banco Nación.
Según la legisladora, se ha detectado un patrón sospechoso en la cartera de deuda de la entidad. Las cifras mencionadas son elocuentes: préstamos que a fines de 2024 rondaban los 60 millones de pesos habrían escalado hasta superar los 360 millones en la actualidad, coincidiendo con la gestión de los últimos directores del banco.
La presentación judicial pone el foco en funcionarios clave del área económica y legisladores nacionales:
Felipe Núñez: Director del BICE y asesor del Ministerio de Economía, con un crédito de $373 millones.
Federico Furiase: Secretario de Finanzas, cuya deuda superaría los $367 millones.
Marcos Patiño Brizuela: Diputado nacional por Córdoba (LLA), quien habría accedido a $164 millones en agosto de 2025.
Pablo Rodríguez: Vinculado al entorno de Patiño Brizuela, con un préstamo de $250 millones.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en las condiciones de aprobación. Frade cuestionó que se otorguen créditos a 30 años a personas de "edad adulta", lo que implicaría un riesgo de mora que el banco debería haber previsto.
"Conozco muchísima gente, profesionales jóvenes, que han querido sacar créditos en el Banco Nación y no han podido. Es muy difícil acceder", señaló Frade, marcando el contraste entre la rigurosidad aplicada al ciudadano común y la aparente facilidad para el círculo oficialista.
La Justicia deberá ahora determinar si estos fondos, provenientes de los ahorristas, fueron utilizados de manera indebida para favorecer a la "casta" política, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y transparencia del Gobierno.
